El presidente Gustavo Petro ha firmado un decreto que da inicio a la implementación inmediata de un nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en Colombia. La norma se apoya en el marco legal actual y busca reorganizar el sistema sin depender del Congreso.
El decreto introduce el modelo sanitario centrado en atención primaria, reforzando la coordinación entre actores públicos, privados y mixtos mediante la conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
Además, se proyecta un plazo de un año para que las entidades adapten sus estructuras operativas a las nuevas disposiciones.
Se busca el fortalecimiento de la atención primaria, con énfasis en los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como eje central del sistema.
Establece la transformación de las EPS, que deberán dejar de actuar como aseguradoras financieras y se convertirán en entidades gestoras de salud que ejecuten auditorías y supervisen operaciones de atención, sin manejar dinero del Estado.
La esencia de este modelo es intersectorial y territorial, integrando salud, educación, agua, transporte y vivienda, así como fortaleciendo la gobernanza local con mayor participación ciudadana.
Igualmente apunta al mejoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario, promoviendo la formalización y el bienestar físico y mental de los empleados del sector.
Motivación del Gobierno
El presidente Petro ha argumentado que el sistema actual, dominado por intermediación de las EPS, se ha convertido en un negocio que obstaculiza la atención oportuna y eficiente, y genera un sistema insostenible tanto financiera como operativamente.
Con el decreto busca implementar sin dilaciones una transformación estructural, incluso sin la aprobación del Congreso.
Reacciones y debates
Varias EPS han advertido que la iniciativa podría ser inconstitucional o ilegal, ya que la Ley 100 aún obliga a la intermediación mientras no sea derogada formalmente.
Por su parte, el sistema de justicia—en especial la Corte Constitucional—ha emitido órdenes recientes para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al sistema de EPS, orden que el Gobierno ha cumplido parcialmente bajo tensión con el Ministerio de Salud.
Panorama legislativo
Aunque la Cámara de Representantes aprobó la reforma en marzo de 2025, su avance en la Comisión Séptima del Senado ha sido complejo y enfrenta falta de mayorías y resistencia parlamentaria. En ese contexto, el decreto busca acelerar la implementación sin esperar al Congreso.
En síntesis, con este decreto, el gobierno de Gustavo Petro da un paso decisivo para transformar la salud pública colombiana desde la base legal existente, sin esperar la aprobación del Congreso.
El objetivo es fortalecer la atención primaria a través de redes territoriales integradas y eliminar el rol financiero de las EPS. Pese a los cuestionamientos legales, fallos judiciales recientes y la resistencia política, el Ejecutivo confía en que el nuevo modelo garantice equidad y eficiencia en el acceso a la salud.
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