El presidente de la República, Gustavo Petro, estaría contemplando la posibilidad de ordenar la reducción de las tarifas de energía en la región Caribe y otras zonas del país.
Su reciente anuncio de asumir las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, no sería un saludo a la bandera, sino la decisión de fondo de intervenir activamente en su manejo.
Sus asesores jurídicos estarían examinando con lupa esta alternativa y sus consecuencias, teniendo en cuenta que impactaría toda la cadena energética.
Un experto consultado por elnorte.com.co y EL NORTE impreso, señalaron que el presidente de la República sí puede ordenar bajar las tarifas por decreto, con una sustentación suficientemente válida.
Y el sustento jurídico sería justamente la norma que citó para anunciar lo que en adelante hará en el sentido de asumir el control y vigilancia de los servicios públicos en el país.
Se del artículo 68 de Ley 142 de 1994, cuyo texto dice:
“Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley. Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones”.
ARGUMENTO ECONÓMICO
En lo económico, uno de los argumentos sería el gigantesco daño que les están ocasionando a los costeños en general las exorbitantes tarifas de energía que en muchos casos subieron hasta en un 50%, afectando a usuarios residenciales, comerciantes e industriales.
En efecto, el impacto del valor de la energía en la región ha empobrecido a cientos de miles de usuarios y quebrado a muchas pequeñas empresas. Y se ha convertido en una de las razones principales del desplome del consumo de energía en esta región del país. Todo esto en detrimento de la economía de la región.
IMPACTO EN EL SERVICIO
Que el presidente de la República ordene bajar las tarifas generaría un beneficio significativo para el bolsillo de los usuarios, pero un enorme perjuicio para los distribuidores de energía en general de toda la cadena energética.
Implementar esta medida tiene que necesariamente garantizar con otras acciones, que se garantice el suministro y el servicio no se vea afectado. Y ello necesariamente pasaría por disponer de muchísimo dinero del gobierno para no desestabilizar el sector eléctrico.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, a través de su presidente, Camilo Sánchez Ortega, está temiendo que Petro ordene reducir las tarifas, y ha dicho que eso repercutiría negativamente para los usuarios, por cuanto provocaría un apagón.
“Si el presidente dice que se baje el 10 o 20% de la tarifa, lo que va a suceder es que se va a incumplir la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad… y muy seguramente en el mediano o corto plazo vamos a tener apagones en la costa”, advirtió.
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Y explicó que los racionamientos se presentarán porque las empresas distribuidoras como Air-e y Afinia, no contarán con la suficiente financiación para garantizar la prestación del servicio.
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