Por ‘Caso Odebrecht’ deberán responder Óscar Iván Zuluaga, su hijo, y la exministra Cecilia Álvarez

“En atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez; y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada”.

De la anterior manera, la Fiscalía General de la Nación hace un resume de la decisión en torno a investigaciones relacionadas con el supuesto caso de aportes económicos a la  campaña presidencial de Zuluaga en el 2014, y el pago de sobornos a la entonces ministra Álvarez, que habría hecho la multinacional brasilera Odebrecht.

En un comunicado, expedido hace pocas horas en el que destaca que las acciones son producto de su lucha contra la corrupción y la impunidad, la Fiscalía señala que entre junio y julio del 2014 “el entonces candidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga Escobar, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña”.

‘Duda’, según el organismo acusador es un reconocido publicista panameño, que previo acuerdo aceptó que Odebrecht le girara a las cuentas de su empresa 1.610.000 dólares, y de esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrirle los honorarios por su trabajo.

“Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió”, asegura la Fiscalía.

Agrega que se estableció que el candidato Iván Zuluaga, su gerente de campaña, su hijo David Zuluaga, “en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular”.

Los delitos

A raíz de los hechos, al candidato, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales le imputará los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; mientras que a su hijo el delito de fraude procesal.

Sobre este caso trino el expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Tengo dos dolores: Uno personal por Óscar Iván Zuluaga y David, a quienes admiro y les tengo todo el afecto; Y otro dolor, pero de Patria por las impunidades, una de ellas Santos y Odebrecht”.

Por otro lado, la Fiscalía anunció que la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, deberá responder por acusaciones en su contra en torno a la firma de otrosíes al contra ‘Ruta del Sol II, relacionado con un tramo vial entre Ocaña, Norte de Santander, y Gamarra, sur del Cesar, en favor de Odebrecht cuando ocupó el cargo entre septiembre del 2012 y agosto del 2014.

“Para cumplir varias cláusulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento”, anota el organismo investigador.

Seguidamente advierte “los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública”.

A Álvarez, la Fiscalía le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos; mientras tanto, dentro de este mismo caso, se archivó una investigación en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody, al no haber “encontrado evidencia que demuestre que la exministra Parody D’echeona aportó al posible actuar ilícito de su pareja en la comisión de conductas contra la administración pública”.