La ex primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se encuentra varada en Suecia, incapaz de regresar al país debido a las severas restricciones comerciales impuestas tras su reciente inclusión en la conocida Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta medida, adoptada durante la administración de Donald Trump, ha generado una crisis logística y política para el gobierno colombiano.
Según fuentes de la Casa de Nariño, el obstáculo principal radica en que ninguna aerolínea comercial le vende un tiquete de vuelo. El bloqueo se explica por el temor de las compañías con operaciones en Estados Unidos a enfrentar sanciones financieras por cualquier tipo de relación comercial con personas incluidas en la lista OFAC.
La inclusión de Alcocer, junto con el presidente Gustavo Petro, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti en una lista destinada a grandes narcos, terroristas y dictadores, prohíbe prácticamente a cualquier entidad con vínculo estadounidense tener relaciones comerciales con la persona sancionada.
Juan Carlos Portilla, profesor de Derecho en la Universidad de La Sabana, indicó que las entidades que tienen ese vínculo con Estados Unidos “están prohibidas de tener relaciones comerciales con la persona en la lista OFAC”. Las personas sancionadas enfrentan además otras dificultades financieras, como la imposibilidad de tener cuentas y tarjetas bancarias, o incluso recibir su salario, ya que están vetadas ante empresas como Visa o Mastercard.
El presidente Petro ha calificado la situación como una “ignominia” que afecta a su propia familia y ha prometido resolverla. En una reciente conmemoración militar en Bogotá, el mandatario afirmó que la madre de su hija menor, Antonella, no ha podido regresar, asegurando que si él no logra “reunir a la madre con su hija”, no podrá “unir las familias colombianas”. A pesar de la situación, Petro ha mencionado que está separado de Alcocer, pero no divorciado legalmente.
Las salidas jurídicas y logísticas para el retorno
Ante la imposibilidad de adquirir un pasaje comercial, el Gobierno colombiano evalúa dos alternativas principales para facilitar el retorno de la primera dama.
La primera alternativa de carácter jurídico consiste en solicitar una licencia específica ante la propia OFAC. Expertos, como el profesor Juan Carlos Portilla, señalan que esta autorización puede pedirse por “razones humanitarias” a través de sus abogados.
La segunda opción estudiada es de carácter logístico y diplomático, y resulta notablemente más compleja. El Gobierno ha contemplado la posibilidad de utilizar los servicios de Aeroflot, la aerolínea estatal rusa. Dado que Aeroflot ya ha sido previamente sancionada por Washington, no se vería afectada por las restricciones de la lista OFAC.
Esta compleja ruta de regreso implicaría que la señora Alcocer viaje primero a Moscú, pudiendo ser necesario un trayecto inicial por vía terrestre desde Estocolmo. Posteriormente, volaría hacia Cuba, donde finalmente un avión de la Fuerza Aérea Colombiana la estaría esperando para trasladarla a Bogotá.
Consecuencia de tensiones diplomáticas
La situación de Alcocer se inscribe en un contexto de escalada de tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la administración del expresidente estadounidense Donald Trump. Petro ha sostenido que las sanciones de la OFAC continúan generando efectos sobre él y su familia.
El impacto de las restricciones no se limita a su esposa Verónica Alcocer. El presidente también ha enfrentado problemas para el mantenimiento de un helicóptero del gobierno y ha anunciado una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters. La firma italiana informó el 17 de noviembre que se vio obligada a “suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero” hasta obtener la autorización de la OFAC.
Adicionalmente, la presencia prolongada de la primera dama en Suecia, documentada por la prensa sueca con fotos de reuniones y eventos de lujo, ha generado cuestionamientos de la oposición sobre una posible implicación en el reciente negocio de la flotilla de 17 aviones de combate suecos Gripen, una acusación que Petro ha negado vehementemente, pidiendo la publicación de los datos contractuales.
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