El Ministerio Público advirtió un presunto incumplimiento de una decisión disciplinaria y solicitó la separación del actual rector Rafael Castillo, además del regreso de Leyton Barrios a la dirección del alma mater.
La Universidad del Atlántico vuelve a estar en el centro de una controversia jurídica e institucional. La Procuraduría General de la Nación solicitó la salida inmediata del rector Rafael Ángel Castillo Pacheco y pidió que Leyton Barrios sea reintegrado a la Rectoría, al considerar que no se dio cumplimiento a una decisión disciplinaria previamente adoptada por el organismo de control.
La petición del Ministerio Público reaviva la crisis de gobernabilidad que atraviesa una de las principales instituciones de educación superior del Caribe colombiano y abre un nuevo capítulo en la disputa por la dirección del alma mater.
De acuerdo con la Procuraduría, Rafael Castillo habría continuado ejerciendo funciones como rector pese a existir una sanción disciplinaria que ordenaba su suspensión, situación que motivó la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por el presunto incumplimiento de esa medida.
Procuraduría insiste en el retorno de Leyton Barrios
Como consecuencia de esa situación, el organismo de control pidió que se restablezca el estado anterior y que Leyton Barrios retorne al cargo de rector de la Universidad del Atlántico, mientras se resuelven los procesos judiciales y administrativos relacionados con su elección.
La solicitud se fundamenta en que Barrios fue elegido por el Consejo Superior Universitario para el período 2025-2029 y que distintas decisiones judiciales han mantenido abierta la discusión sobre la legalidad de su salida del cargo.
El caso ha generado múltiples controversias desde finales de 2025, cuando surgieron cuestionamientos sobre la documentación presentada por Barrios durante el proceso de elección, lo que derivó en actuaciones administrativas, procesos de nulidad electoral y acciones de tutela que aún continúan en los despachos judiciales.
El Consejo Superior deberá definir el futuro de la Rectoría
La decisión final sobre el rumbo administrativo de la Universidad del Atlántico recaerá ahora sobre las autoridades competentes, que deberán analizar el alcance de la solicitud formulada por la Procuraduría y las decisiones judiciales vigentes.
La controversia mantiene en expectativa a estudiantes, docentes, trabajadores y egresados, debido al impacto que puede tener sobre la estabilidad administrativa, financiera y académica de la institución.
Expertos en derecho administrativo señalan que el caso podría generar nuevas actuaciones judiciales si alguna de las partes considera vulnerados sus derechos, por lo que el litigio aún estaría lejos de concluir.
Mientras tanto, la Universidad del Atlántico enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre institucional en momentos en que la comunidad universitaria reclama estabilidad para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.
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