Sociedad Portuaria de Barranquilla pretende que el Estado le pague $4 billones de indemnización por problemas de calado

Argumentando perjuicios económicos a su actividad empresarial, por efectos de los frecuentes problemas en el canal de acceso hacia su infraestructura en la zona portuaria de la Capital del Atlántico, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S. A. (Puerto de Barranquilla) y su terminal logística Bitco S. A. pretenden de parte de la Nación, a través de Cormagdalena, una millonaria indemnización en dólares.

Los detalles están revelados en una información que divulga la Unidad Investigativa de El Tiempo en su edición virtual. No obstante, se destaca que tal es el hermetismo en torno al caso que Marta Lucía Zamora, la nueva directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha tenido que solicitar la información porque la desconoce.

El registro de prensa destaca que la millonaria reclamación del Puerto, que viene desde el 2019, cumpliéndose 12 intentos, y que ha sido calificada como de “alto impacto” para la Nación, por la cuantía que está juego, de prosperar, le podría costar al país 806 millones de dólares, unos 4 billones de pesos al cambio de hoy.

ARGUMENTOS

Entre los argumentos que exponen los abogados de la Sociedad Portuaria, cuya concesión empezó en 1993 hasta el 2033, pero con aspiraciones de una prolongación de 20 años más, se destaca el impacto negativo que tuvo sobre la actividad entre el 2015 y el 2019 el desvío de embarcaciones hacia otros terminales portuarios, debido al riesgo que corrían de encallamiento dada las condiciones desfavorables en el calado del canal de acceso desde Bocas de Ceniza.

“Las cifras de los supuestos perjuicios superan 18 veces el presupuesto anual de Cormagdalena, que conformó un comité técnico que inicialmente aconsejó no conciliar”, se anota. El presupuesto anual de la Corporación, en la presente vigencia, sumando ingresos y disponibilidad inicial, es de $232.494 millones.

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

De acuerdo con la investigación, desde principios del presente año, la Sociedad convocó a un tribunal de arbitramento, desestimando consideraciones de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con la falta de competencia de esa figura “para resolver asuntos técnicos y contables del contrato de concesión. Pero el tribunal confirmó su competencia y empezó a decretar pruebas”.

Asegura la información que los árbitros Saúl Sotomonte, Ramiro Saavedra y Gonzalo Suárez, recibieron el 50 por ciento, 3.000 millones de pesos, como anticipo del costo total de sus servicios y ya están notificados de apertura del proceso ordinario por responsabilidad fiscal a cinco exdirectores de Cormagdalena.

“A pesar del hermetismo, este diario (El Tiempo) estableció que allí se han planteado fórmulas para zanjar el pleito. Una de ellas es que se compensen los supuestos perjuicios con un nuevo alargue de la concesión portuaria”, dice apunte del trabajo periodístico. Además, que, en su defensa Cormagdalena, en anteriores oportunidades, insistió en haber cumplido con sus funciones frente a lo pactado en la concesión.

Por último, en la publicación se señala que se contactó al presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, “pero señaló que el caso tiene ‘reserva’” y que, tras revisar el proceso, “no había nada que reportar”. Igual sucedió con el actual director encargado, coronel de la reserva activa Germán Puentes, que a través de la oficina de comunicación informó que “se mantiene bajo reserva”.