¿Qué tanto impactan en la economía de Barranquilla los chorros de dineros ilícitos?

La masacre de tres integrantes de la familia de origen guajiro, Vega Daza, ocurrida el 29 de junio en el interior de una urbanización estrato 6 en el sector de Villa Campestre, norte de Barranquilla, revivió un capítulo de la historia de los años 70 y 80 del siglo pasado en la ciudad, por el impacto de los dineros ilícitos en su economía.

En esas dos décadas fue evidente la ‘colonización’ de sectores de la Capital del Atlántico por parte de personajes que estuvieron ligados con el narcotráfico, especialmente con el comercio de marihuana en grandes volúmenes y que acostumbraban a celebrar con fastuosas fiestas en sus lujosas viviendas.

“Fue la época de la ‘marimba’, en la que se veían ‘ríos’ de billetes en Barranquilla, lujosas camionetas, mansiones con todo tipo de comodidades, casa fincas y hasta establecimientos comerciales en los que solo se vendía ropa de marca, importada y cara, y finísimas joyas”, comenta una persona que vivió cerca a un barrio epicentro, del norte, y en donde era restringida la movilidad por la cantidad de personal de seguridad que, con moderno armamento, lo custodiaba.

Cuarenta años después parece haberse revivido esa opulencia por parte de la delincuencia organizada, con miembros, quizás, más discretos en cuanto al manejo de las finanzas, incluso de bajo perfil, pero igual de inescrupulosos y violentos que los ‘marimberos’.

Precisamente, las autoridades que manejan las investigaciones han confirmado que tales organizaciones están ligadas a actividades ilegales de narcotráfico, invasión de tierras, compra venta de vehículos robados, extorsiones y el negocio ‘gota a gota’, es decir prestar dinero con altos intereses y luego cobrarlo bajo presión, entre otras, obteniendo grandes cantidades de dineros ilícitos.

Empresarios legales

Según la Policía, son reconocidos como empresarios legales, pues son poseedores de locales comerciales para arrendar, apartamentos y compraventa de vehículos, entre otros negocios.

“Lo que indican las investigaciones es que mucho dinero que se obtiene mediante actividades ilegales, son ‘lavados’ y entran a circular de manera legal en la economía de la ciudad y no pasa nada, porque para las autoridad es difícil comprobarlo o se hacen los desentendidos”, comenta un analista del tema que pidió reserva de identidad.

Investigación sobre datos aproximados

En relación a esa apreciación hay investigaciones que se atreven a dar datos aproximados en torno a los dineros ilícitos que mueve al año una organización delincuencial en Barranquilla y municipios del Atlántico, como la publicada el pasado 26 de abril en el portal web Silla Vacía, titulada ‘El problema de Barranquilla es más que narcotráfico’, a cargo de los investigadores de la Universidad del Norte Reynell Badillo Sarmiento y Luis Fernando Trejos Rosero.

“En Barranquilla, una de las rentas que más sostiene a los grupos armados es el microtráfico. Aunque no tenemos estimaciones muy fiables por lo oscuro del negocio, según un reportaje de La Liga Contra el Silencio publicado en el 2021, las ganancias del microtráfico pueden ser de hasta 114.000 millones de pesos al año para todos los que participan”, aseguran los investigadores.

Agregan que “cada olla de vicio puede pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos a los grupos más grandes (principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Costeños), lo que implica que solo por cobrar esas cuotas podrían obtener entre 5.000 y 7.000 millones de pesos al año. Dicho esto, no es sorprendente que muchas de las guerras criminales que se libran en la ciudad sean por perseguir las rentas del microtráfico”.

En cuanto a los dineros ilícitos que mueve el delito de la extorsión se tiene como referente el 2005, año en que el gremio de tenderos calculó que las Autodefensas les quitaron recursos que sumaron cerca de 3.000 millones de pesos. Como el fenómeno aún continua, se calcula que esa cifra podría ser cuatro veces más abultada.

Badillo y Trejos se refieren también a una tercera modalidad de renta de la que disponen las bandas delincuenciales y es la relacionada con el robo o el despojo de tierras, ideal para el lavado de activos. Citan que meses atrás, la Fiscalía incautó propiedades a ‘Los Costeños’ avaluadas en 115.000 millones de pesos

“Si suponemos que una parte de esas propiedades fueron despojadas, entonces es lógico pensar que esta es una fuente importante de riqueza para la organización. Además, lograr el despojo implica que hay una estructura de agentes locales como notarios, registradores de instrumentos públicos e inspectores de policía aliados con el grupo armado”, destacan.

Es incalculable

Para otro analista de la situación, el expersonero de Barranquilla, Arturo García Medrano, medir el impacto que viene teniendo en la dinámica de la economía de la ciudad y su área metropolitana, es incalculable.

“En primer lugar, sabemos que hay un subregistro en tema de denuncias, por lo tanto las autoridades no podrán calcular nunca, a menos que las víctimas lo dijeran. Hay víctimas con las que yo, por ejemplo, he hablado recientemente. Para poner un ejemplo, en Rebolo, unos amigos profesionales montaron un negocito para sábado domingo y lunes festivo, un restaurante. Pagaron dos millones de pesos, les pedían 10; ahora llegó la otra parte y les han dicho: Ustedes están sosteniendo a nuestros enemigos y nos tienen que dar 25 millones de pesos… ¿Que hizo el amigo? Tuvo que cerrar el negocio”, señala.

García advierte que el problema es visto solo de la “lengua para afuera”, pero en realidad es que a las víctimas, en este caso de las extorsiones no las atienden, no las escuchan, y el miedo se apodera de las victimas que se abstienen de denunciar.

“Yo creo que no tenemos preparado personal para escuchar. Eso es lo fundamental de los servidores públicos y más en temas de seguridad”, dice.

También se refiere al incremento, con base en informes que obtiene de la Fiscalía, que el hurto violento ha crecido en el primer semestre del año en un 8,5%, y prevalece el robo de celulares, sobre todo de alta gama cuyo precio en promedio es de 3 millones de pesos. “Ahí también hay una cifra incuantificable y yo no sabría decirle”, señala.

Delito de alto impacto

En cuanto al robo de tierras, el expersonero asegura que es un delito de alto impacto, pero que las autoridades están “pasando de agache”, a sabiendas de que detrás “hay verdaderas estructuras criminales” que obtienen jugosos ingresos de estos dineros ilícitos.

“No he visto que esta temática se toca abiertamente en las últimas reuniones, al menos no se conoce en las declaraciones que los funcionarios hayan dado después de los consejos de seguridad. Hay estructuras criminales, por ejemplo, en lo que es la zona costera del Departamento como Tubará, Juan de Acosta, lo que es aquí mismo Soledad. Date cuenta de que en los últimos homicidios de este mes, incluso al menos dos víctimas estaban asociados a temas de tierra”, sostiene García.

En torno al tema de lavado de activos, el analista dice que hay suspicacias porque después de la pandemia por Covid-19 se ha visto el incremento de estaderos a todo confort, billares, casas de juego de azar, que en su mayoría tienen un hilo conductor con la venta de estupefacientes y de prácticas como el atraco y el homicidio como fuente de obtener más recursos.

“También ha habido una legalización de negocios, de lo que antes se llamaban los patios ilegales, en donde, en las comunidades existían patios que ahora han pasado a ser, abiertamente, estaderos o casas de recreación. Esos son los temas que las autoridades no han logrado todavía identificar. Esa es la realidad”, puntualiza.

La incidencia

Otro de los consultados por EL NORTE, es el experto en economía y profesor universitario Jairo Parada, quien explica que puede haber algo de incidencia de los recursos de las bandas delincuenciales en la economía local, “pero no debe sobrestimarse; la construcción es dinámica y ahora no hay mucha oferta y mucha demanda, por eso arriendos y metros cuadrados están caros. La ciudad tiene su dinámica y el narcotráfico algo incide, pero a mi juicio no determina la dinámica de la ciudad”.

Anota que “ahora, por ejemplo, no encuentras un metro cuadrado libre de oficinas para arriendos, porque la dinámica de construcción se ha ido frenando por razones de demanda en el sector. Son ciclos y el narcotráfico incide en algo pero es marginal”.

Hechos no tienen origen local

De igual manera elevamos la inquietud al presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud. “Muchas dinámicas de violencia y criminalidad no tienen origen local. Aquí operan guerrillas y organizaciones criminales trasnacionales, además de grupos locales que se han independizado de aquellas y buscan controlar el territorio para capturar rentas ilegales que van desde el microtráfico y las extorsiones hasta el robo de tierras”, comenta, a propósito de estas fuentes de dineros ilícitos.

Agrega que “el sistema judicial tiene limitaciones para enfrentarlas y a eso se suma que aproximadamente el 50% de los victimarios han tenido anotaciones judiciales y han sido reincidentes en extorsión u homicidios”.

El dirigente gremial considera que la expansión de las actividades criminales están impactando negativa y fuertemente al sector empresarial, en particular a las Mipymes.

“Se requiere que la Rama Judicial opere con indicadores de gestión para medir productividad y eficiencia y tomar mejores decisiones basadas en la evidencia; fortalecer la investigación criminal en todos sus componentes; asignar más recursos para que la justicia tenga la capacidad humana de resolver a tiempo los procesos; construir más cárceles y desarrollar verdaderos programas de resocialización de los reclusos para que esos centros penitenciarios no sigan siendo universidades del crimen”, concluye el presidente del Comité Intergremial del Atlántico.

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