El senador Iván Cepeda calificó como un hecho histórico la condena emitida por la jueza Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, absuelto por soborno simple.
Cepeda enfatizó que este proceso de larga duración, que él mismo inició hace más de una década, no tiene motivaciones revanchistas, sino que busca verdad, justicia y reconciliación institucional.
Subrayó que la defensa de Uribe, así como su abogado Diego Cadena, intentaron desvincularlo presentando irregularidades y manipulaciones que finalmente no prosperaron.
Además, Iván Cepeda advirtió que esta sentencia podría marcar un punto de quiebre político para Uribe y el partido Centro Democrático, cuyo liderazgo depende en gran medida del patrimonio político del expresidente.
Centro Democrático: Es una persecución política
Por su parte, el Centro Democrático, fundado por Uribe, reaccionó rápidamente con una narrativa centrada en la tesis de persecución política y denuncia de supuestos sesgos judiciales.
En concreto, desde el partido se anunció la intención de recurrir a instancias internacionales, como la CIDH, para denunciar presuntas irregularidades y buscar garantías en el proceso.
También se cuestionó la imparcialidad de la jueza Sandra Heredia y se afirmó que el juicio más que un acto de justicia, representa un ataque político al uribismo.
Voceros como Paloma Valencia habían sugerido desde antes del fallo promover una reforma judicial integral, incluso mediante una asamblea constituyente, argumentando que el sistema actual está politizado y perjudica sectores del Centro Democrático.
Hecho jurídico y político de alta resonancia
Se trata de la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es condenado por la justicia penal en el país, lo que convierte este caso en un precedente sin igual.
La sentencia, aunque dictada en primera instancia, ya ha generado resonancia nacional e internacional y se proyecta como un momento decisivo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La Fiscalía propone una pena cercana a los 9 años de prisión, acompañada de multas equivalentes a varios salarios mínimos legales mensuales, y posibles inhabilitaciones políticas
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