El periodismo judicial en Norte de Santander está de luto tras el violento asesinato de Cristian Herrera, reconocido reportero, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta.
El ataque ocurrió al mediodía del pasado sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad, donde sicarios interceptaron al comunicador frente a su familia.
Herrera fue abordado por hombres armados en motocicleta cuando llegaba o salía de la vivienda de un familiar. Según los reportes preliminares, recibió al menos seis impactos de bala que le causaron la muerte antes de que pudiera ser atendido en un centro asistencial.
Las hipótesis sobre los móviles del crimen apuntan directamente a su extensa trayectoria cubriendo temas de orden público, narcotráfico y corrupción. Recientemente, Herrera había realizado denuncias sobre problemáticas de seguridad y hechos de corrupción en la capital nortesantandereana, lo que habría reactivado el riesgo en su contra.
Un historial de amenazas y exilio
El ejercicio periodístico de Herrera estuvo marcado por el asedio criminal. Sus antecedentes de amenazas se remontan al año 2003, vinculados a sus investigaciones sobre bandas criminales y delincuencia organizada.
La gravedad de las intimidaciones, que incluyeron presiones directas de grupos paramilitares, lo obligó a exiliarse en Chile durante un año para preservar su vida.
A pesar de contar con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014, el periodista se encontraba sin su esquema de escoltas en el momento del atentado.
Según informó la UNP, la ausencia de los guardias obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del propio Herrera. No obstante, el comunicador se movilizaba en un vehículo oficial de la entidad cuando fue atacado.
Investigación y millonaria recompensa
Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores de la Sijín y la Fiscalía para esclarecer el homicidio. Entre las pruebas clave se encuentran los videos de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron el momento exacto del ataque y el accionar de los sicarios.
Para acelerar la captura de los responsables, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información veraz que permita identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, enfatizó que no descansarán hasta judicializar a quienes ordenaron silenciar al periodista.
Rechazo internacional
El asesinato ha provocado una ola de indignación. Entidades como la Defensoría del Pueblo y la ONU Derechos Humanos calificaron el hecho como un ataque directo a la democracia y una forma de censura extrema que busca infundir miedo y propiciar la autocensura en regiones críticas como la frontera.
Por su parte, la FLIP lamentó la pérdida de su consejero, recordando que Herrera era un periodista de campo dedicado a contar las historias que otros callaban.
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