La jueza a cargo del caso de corrupción en la UNGRD cambió la decisión con respecto al lugar de reclusión de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, supuestamente involucrada en los hechos ilegales que saquearon a esa entidad.
La funcionaria judicial, que en principio había decidido enviarla a la cárcel El Buen Pastor, finalmente escogió una guarnición militar para que permanezca allí con medida de detención mientras se le adelanta el juicio para determinar su responsabilidad en el sonado escándalo.
Este cambio de decisión obedeció a la argumentación de la defensa de Sandra Ortiz, en el sentido que su cliente corre riesgo inminente de que sea objeto de un atentado contra su vida si es llevada a una prisión.
Aún no se define cuál será esa guarnición militar, pero todo apuntaría a que será el Cantón Norte en Bogotá, donde habría varios cupos disponibles.
Al referirse al cambio de sitió de reclusión, la jueza indicó: “No queremos pasar por el riesgo de que atenten contra su vida. (…) El juzgado enviará a la señora Sandra (Ortiz) a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer, mientras tanto seguirá bajo la custodia de la Policía Nacional”.
La Fiscalía General de la Nación presentó durante la audiencia de hoy 18 de diciembre, pruebas contundentes en contra de la exfuncionaria, las cuales fueron tenidas en cuenta por la jueza para privarla de la libertad.
“La medida es razonable, dado que la misma Constitución y la misma ley la prevén, así como el bloque de constitucionalidad. Frente a ello, los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, señaló la funcionaria judicial.
Denuncia complot
Durante la audiencia, la exfuncionaria dijo que su situación, es una estrategia mediática y política en su contra, para convertirla en un “chivo expiatorio” y de esta manera encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción en la UNGRD.
Aseguró que es víctima de complot orquestado desde la Presidencia de la República para desacreditarla. “Quiero que el país sepa que esto es un complot armado desde la Presidencia. Inventaron historias, como la pérdida de los computadores, para desviar la atención. Eso nunca existió. Tenemos pruebas y certificados que demuestran que nada se perdió, pero el show mediático que armaron durante semanas dañó mi nombre“, sostuvo.
El caso
La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.

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