El senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), emitió un pronunciamiento tras el violento ataque armado contra su esquema de seguridad en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca. El congresista, quien se encuentra fuera de peligro en la ciudad de Yopal, calificó lo sucedido como una “masacre” contra su equipo de trabajo.
“Me masacraron mis muchachos”, dijo Castellanos visiblemente afectado y con la voz entrecortada, en un video que publicó y en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de dos de sus escoltas, quienes lo habían acompañado durante años y a quienes consideraba parte de su familia.
“El esquema de seguridad que llevaba conmigo más de 10 años uno y el otro casi dos… nos salvamos de milagro”, afirmó el parlamentario, quien además exigió al Gobierno Nacional garantías reales para poder ejercer la actividad política en el territorio colombiano.
El atentado ocurrió la tarde del jueves 5 de febrero, cuando hombres armados interceptaron y atacaron a tiros las camionetas del esquema. Según los reportes, uno de los vehículos recibió al menos 50 impactos de bala, resultando en la muerte inmediata de los dos funcionarios de protección.
Secuestro y posterior liberación del equipo de campaña
Tras el ataque inicial, la incertidumbre creció debido a la desaparición de una segunda camioneta, una Volkswagen Amarok blanca, y de varios integrantes del equipo de campaña del senador. Castellanos denunció inicialmente que cuatro personas habían sido retenidas y pidió a los captores respetar sus vidas.
Afortunadamente, tras horas de angustia, se confirmó la liberación de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres, quienes habían sido retenidos junto al vehículo en el sector de la vía Saravena–Fortul. “Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes”, manifestó el senador a través de sus redes sociales tras el reencuentro de sus colaboradores con sus familias.
Reacciones oficiales y medidas de seguridad
El presidente Gustavo Petro se solidarizó de inmediato con el congresista, confirmando que sostuvo una conversación directa con él para informarle sobre las instrucciones dadas al Ministerio de Defensa. El mandatario ordenó reforzar las medidas de protección de Castellanos y su equipo, así como adelantar las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la Fuerza Pública articula acciones operativas en la zona, en coordinación con autoridades regiones y organismos de justicia, e intensifica la presencia de las unidades militares y policiales, buscando esclarecer las circunstancias que rodean este atentado contra la democracia.
“Así mismo, acatando la instrucción del señor presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía y las Fuerzas Militares, con la Fiscalía General de la Nación, actuando con la máxima celeridad y rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido y llevar ante la justicia a los asesinos de los dos funcionarios del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba en los vehículos ni se encontraba en el lugar de los hechos”, publicó el ministro Sánchez.
El Gobierno nacional anunció además una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia, y continuará acompañando a la familia del senador Castellanos y a los organismos de seguridad en todas las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad y la seguridad de las regiones afectadas.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, condenó categóricamente el atentado, señalando que el senador se encuentra “profundamente afectado” por la pérdida de sus hombres. El Ministerio del Interior liderará las pesquisas para esclarecer las motivaciones detrás de este acto criminal que enluta al país.
Este violento suceso pone de relieve el complejo panorama de seguridad para los dirigentes políticos en Colombia. Actualmente, 379 candidatos cuentan con medidas de protección, incluyendo a aspirantes al Congreso y a las circunscripciones de paz, en un esfuerzo del Estado por blindar el ejercicio democrático frente a la violencia persistente en regiones como Arauca.
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