Gremios del país expresaron su preocupación y rechazo por los hechos de violencia que se registran en el Catatumbo, urgiendo acciones más contundentes del Gobierno para frenar esta situación.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco dijo que esta difícil situación de orden público que vive el Catatumbo se extiende a otras regiones del país, como consecuencia de la grave emergencia humanitaria por el desplazamiento forzado, producto de las acciones violentas del ELN y las disidencias de las Farc.
“No solo es necesaria la presencia permanente de la fuerza pública, sino institucional en el territorio, que garantice la seguridad de la población civil y que además proporcione alternativas reales de producción, que permitan reemplazar las economías ilícitas, que se presentan en la región”, afirmó el vocero de los comerciantes.
De igual manera expresó su preocupación por las consecuencias en materia económica y social, que traerán los acontecimientos registrados en las poblaciones de Norte del Santander, donde están llegando masivamente los ciudadanos desplazados.
“Hay que apoyar rápida y eficazmente, por ejemplo, a las administraciones de Ocaña y Cúcuta para que atiendan a estas personas y puedan permanecer dignamente en estos municipios, mientras que el territorio es controlado por la Fuerza Pública y puedan regresar con plenas garantías”, expresó Cabal.
De igual manera el dirigente gremial expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de este recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, así como los maestros y la población civil que tuvieron que abandonar la región.
Finalmente exhortó al Gobierno a ejercer acciones contundentes que permitan que estos hechos delictivos no se sigan presentando en ningún lugar del país.
Pérdida de control de territorio
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se pronunció también por estos hechos en el Catatumbo y dijo que “es la expresión de un fenómeno que se ha venido presentando en varias regiones de Colombia: la pérdida de control de territorio por parte del Estado”.
“El Estado tiene que ser la única autoridad en cada metro de nuestro territorio. La búsqueda de la paz, la búsqueda de la reducción de las violencias no puede ser la razón por la cual el Estado reduzca su presencia o reduzca su capacidad de controlar el territorio”, afirmó Mac Master.
Expresó que hay que buscar efectivamente esa paz y esa reducción de todas las formas de violencias, pero dijo que “esto solo se logrará si nosotros contamos con un Estado que es capaz de demostrarle a los ciudadanos, pero también a las fuerzas por fuera de la ley, que la autoridad única posible en nuestro país es el Estado colombiano”.
Falta de enfoque claro en la política de Paz Total
Sobre esta situación, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), dijo que el Gobierno nacional debe desplegar todas las acciones necesarias para enfrentar a estas estructuras armadas al margen de la ley, controlar el territorio y garantizar los derechos de los ciudadanos.
La entidad considera que “la Política de Paz Total ha permitido que grupos criminales como el ELN instrumentalicen las negociaciones para ganar legitimidad, aumentar su fuerza armada y expandir su control en regiones claves, como el Catatumbo. Estos grupos, lejos de buscar la paz, se han fortalecido, desplegando mecanismos de gobernanza criminal que afectan directamente a la población civil mediante extorsiones, secuestros y confrontaciones violentas por el control de economías ilícitas”.
Añade que la falta de un enfoque claro en esta política de Paz Total, sin un estado final deseado para la desarticulación de grupos armados o el desmonte de las economías ilícitas que controlan, ha llevado a un deterioro crítico de las condiciones de seguridad en el país.
“Los actores políticos que apoyaron este enfoque de la política de Paz Total deben evaluar sus resultados para presionar al Gobierno a replantear la política y la estrategia de seguridad”, puntualizó el ICP.
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