Dos meses es el plazo inicial para que un tribunal de arbitramento internacional emita concepto jurídico en torno a las pretensiones de la multinacional española Canal de Isabel II de recobrar el manejo, o indemnización, de la empresa Triple A que maneja los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y varios municipios del Atlántico.
Por lo pronto quedó definido la conformación del tribunal así: En representación de Canal actuará el abogado Bernard Hanotiau; por Triple A, la abogada Dyalá Jiménez Figueres; y el árbitro es el jurista el británico-italiano Luca G. Radicati di Brozolo.
En enero pasado la empresa española hizo el respetivo requerimiento jurídico ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Se destaca que la abogada de la Triple A es fue exministra de Comercio Exterior de Costa Rica y en años anteriores fue asesora externa del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia.
Un recuento del caso señala que Canal de Isabel, en el 2001, era la dueña de Triple A al adquirir las acciones del grupo mayoritario Inassa; pero en el 2016 luego de una investigación judicial en España se detectó que hubo pago de sobornos para hacerse a dichas acciones.
En consecuencia, el Estado colombiano intervino a la Triple A y expropió las acciones de Inassa. A raíz de ello, Canal consideró que Colombia violó un tratado bilateral de inversiones con España y esto le causó un grave perjuicio económico, por eso decidió demandar.
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