En una decisión de carácter urgente y bajo un escenario de extrema tensión internacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de forma inmediata como presidenta encargada del país.
Esta medida responde a la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos, quienes ejecutaron una incursión en Caracas y otras regiones durante la madrugada del sábado 3 de enero.
La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, fue la encargada de leer el comunicado en transmisión obligatoria de radio y televisión, señalando que Rodríguez debe ejercer todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.
El máximo tribunal calificó la situación de Maduro como un “secuestro” y un evento de “fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución”.
Estrategia legal para evitar elecciones inmediatas
A diferencia de otros escenarios de ausencia presidencial, el fallo del TSJ descartó, por el momento, calificar la situación como una “falta absoluta”.
Esta distinción jurídica es clave, ya que evita la obligación de convocar a elecciones de manera inmediata, permitiendo que la transición se maneje bajo la figura de falta temporal.
El tribunal se ampara en el artículo 234 de la Constitución venezolana, el cual permite que el vicepresidente supla al mandatario hasta por 90 días, con la posibilidad de que el Parlamento prorrogue dicho periodo por un tiempo igual.
El objetivo primordial es mantener el funcionamiento del Estado sin decidir aún sobre la calificación jurídica definitiva de la ausencia de Maduro.
Estado de conmoción y movilización militar
Tras el anuncio, Delcy Rodríguez tomó sus primeras medidas de alto impacto. Una tiene que ver con la activación del Consejo de Defensa de la Nación, Organismo que ella encabeza y que ya ha solicitado la constitucionalidad de un decreto de estado de conmoción exterior.
Movilización de la FANB: El consejo tiene ahora la facultad de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional.
Control de infraestructuras críticas: Se ha ordenado la toma militar inmediata de los servicios públicos y de la industria petrolera para asegurar su operatividad frente a la crisis.
Este lunes 5 de enero está prevista la instalación del nuevo periodo legislativo (2026-2031), una institución dominada por el chavismo donde se espera que se formalicen los siguientes pasos de este gobierno encargado.
Por ahora, el TSJ ha exigido la notificación inmediata de esta decisión al alto mando militar y al Parlamento para consolidar el mando de Rodríguez.
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