La bancada de víctimas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó formalmente este 13 de enero el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Este mecanismo jurídico representa la última vía legal para intentar revertir la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, la cual absolvió al exmandatario de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El recurso fue interpuesto por un equipo de abogados conformado por Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León. Estos juristas representan los intereses del senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez, el exvicefiscal Jorge Perdomo Torres y el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, quienes han sido reconocidos como víctimas dentro del proceso.
A esta ofensiva jurídica se sumó la fiscal delegada del caso, Marlenne Orjuela, quien también presentó una demanda de casación tras haber solicitado la condena del procesado desde el inicio del juicio.
Un giro radical en el proceso
La controversia jurídica surge tras las decisiones contrapuestas de las instancias previas. En primera el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, bajo la dirección de la jueza Sandra Liliana Heredia, había condenado a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria.
En su momento, la jueza determinó que la Fiscalía acreditó la participación del expresidente como determinador de las conductas punibles de fraude procesal y soborno.
Segunda Instancia: No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá revocó dicha condena y declaró la inocencia del líder del Centro Democrático, decisión que ahora las víctimas buscan que la Sala Penal de la Corte Suprema evalúe y revoque.
Visiones enfrentadas sobre la justicia
Mientras las víctimas insisten en la responsabilidad penal del exjefe de Estado, un sector de la comunidad jurídica, denominado el “Grupo de los 38” (integrado por exmagistrados y destacados juristas), ha salido en defensa del fallo absolutorio.
Según este grupo, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá representa una victoria frente al “lawfare” o persecución judicial política. Argumentan que los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez carecen de credibilidad por su “reconocida mendacidad” y versiones contradictorias.
El Tribunal Superior de Bogotá ya ha dejado constancia del traslado del recurso. A partir de ahora, se abre un término de 30 días para que el expediente quede a disposición de los recurrentes en casación.
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