21 exmilitares reconocieron exterminio de personas inocentes en el Casanare

“Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad”. El clamor lo hizo Johanna Torres, pariente de dos personas que hacen parte de las 296 que fueron asesinadas por hombres de la Brigada 16 del Ejército, agentes del DAS y dos civiles, entre el 2005 y 2008 en la región del Casanare, para luego ser presentadas como muertes ocurridas en combates contra la subversión.

Lo anterior hace parte de un nuevo capítulo en el trabajo que vienen llevando a cabo los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, mediante audiencias públicas en búsqueda de la verdad en torno a los ‘falsos positivos’.

Esta vez la audiencia se hizo en Yopal, capital del Casanare, y en ella, 21 exmilitares, entre los que se destaca el general retirado, Henry William Torres Escalante, reconocieron su participación en los operativos y quedaron cobijados por los delitos de crimen de guerra de homicidio en persona protegida, crímenes de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada.

La JEP también acuso a varios de los que reconocieron participación en los hecho los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Hombres entre los 18 y 25 años de edad

“Según la investigación de la JEP, en su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa; es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”, señala un registro de prensa del periódico El Tiempo.

En su intervención la magistrada, Catalina Díaz, les explicó a los exmilitares que para recibir la pena alternativa debe decir la verdad de sus delitos, con todos sus detalles. “Queremos reiterar que la Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva. ¿Por qué se asesinó a estas personas? Queremos saber todo de esos asesinatos”, destacó.

Dentro de los exmilitares que expusieron sus argumento estuvo el sargento segundo, Faiber Alberto Amaya Ruíz, quien anotó: “Con vergüenza, dolor y tristeza vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en delitos entre julio de 2005 y abril de 2007”.

Entre los casos a los que se refirió Amaya, siendo comandante de escuadra especial de la Brigada 16, el de un menor de edad, interceptado al salir del colegio y posteriormente asesinado.

Fue premiado con un curso en Estados Unidos

“Luego de presentar estos asesinatos en lugar de ser investigados y sancionados, fui premiado con un curso en Estados Unidos durante tres meses”, contó, agregando que al retornar asumió un nuevo rol del Gaula Militar para dar visos de la legalidad a los operativos que seguían; “que difícil es hoy es estar frente a ustedes reconociendo lo que hicimos”, dijo.

Otro exmilitar que narró sus actuaciones fue el teniente, Marcos Fabián García Céspedes, comandante de una unidad: “Jamás voy a estar en paz conmino porque he fallado en versiones en las que he dicho versiones que no son verdad. Era un hombre joven y sin experiencia, pero eso no justifica mis malas acciones”. Y sostuvo que en el pasado recibió presiones y dinero de sus superiores para no delatarlos ante la justicia.

Para el magistrado de la JEP, Óscar Parra, es “muy grave el reconocimiento que hizo el exmilitar (García Céspedes) de que mintió en algunas diligencias y que eso tendría consecuencias en el marco de las investigaciones… la JEP va a valorar e indagar los cambios en las versiones que han dado los procesados para tomar decisiones de fondo”.