Con tutela buscan revertir extinción de dominio de acciones de Triple A

Una acción de tutela fue interpuesta con la finalidad de que se suspenda el proceso de extinción de dominio que se implementó en la empresa Triple A por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Fue interpuesta por un grupo minoritario de accionistas de la compañía, quienes consideran que el ente investigador violó el debido proceso y plantean que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades.

Los accionantes argumentan que es esta última entidad la competente y no la Fiscalía, y que por lo tanto al aplicar extinción de dominio sobre el 82 % de las acciones que poseía Inassa en la compañía, tiene vicios jurídicos por falta de competencia.

El 4 de octubre de 2018 la Fiscalía General de la Nación comenzó el proceso de embargo de acciones que poseía la española Inassa en la Triple A de la ciudad de Barranquilla, al tiempo que ordenó sanciones para un total de ocho directivos y exdirectivos de la compañía de servicios públicos.

En su momento se informó que el valor de dichas acciones estaba estimado para entonces en 202 mil millones de pesos.

CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA

Las investigaciones de la Fiscalía apuntaban a que se habrían apoderado en la Triple A de plata destinada exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en Barranquilla y el Atlántico, lo que se comprobó al punto que su gerente Ramón Navarro admitió el delito y está preso por tales hechos de corrupción

Se comprobó que desde el año 2000 hasta el 2017 se registraron pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que causó un detrimento patrimonial por más de 236.000 millones de pesos.

Por todos esos hechos de corrupción en la empresa Triple A, la Fiscalía aplicó la extinción de dominio y las acciones pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que durante el gobierno de Iván Duque las venció a la empresa denominada hoy K-yena, en la que el Distrito de Barranquilla es socio mayoritario. Hoy la SAE se niega a ceder esas acciones argumentando que hubo irregularidades en su venta y un detrimento patrimonial por 1.4 billones de pesos.

Quienes presentaron la tutela en Bogotá, plantean que la Fiscalía se extralimitó en sus funciones al aplicar la extinción de dominio, y piden que se ordene a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio.

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