“El país enfrenta un momento desafiante”: Transparencia por Colombia sobre investigación a campaña del presidente Petro

Transparencia por Colombia afirma que con la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro el país enfrenta un momento desafiante que debe resolverse a través de los mecanismos institucionales establecidos para continuar fortaleciendo la democracia.

De acuerdo con la entidad, difícilmente las campañas presidenciales recientes se han librado de controversias y cuestionamientos sobre el particular, no obstante, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación por presunta violación de topes de gastos de la campaña del presidente Gustavo Petro, es el paso más avanzado que la autoridad electoral ha dado en materia de control a una campaña presidencial.

Añade que si bien, el país se enfrenta hoy a un debate jurídico y político sobre el alcance del fuero presidencial, las dudas sobre las presuntas infracciones que realizó la campaña presidencial a las reglas de juego permanecen y deben ser resueltas a través de los procesos institucionales y jurídicos establecidos. Esto, no solo porque la ley lo estableces así, sino también por la importancia de preservar la legitimidad de estas reglas de juego electoral. Anota que, si en efecto hubo violaciones de topes tan evidentes, el país no debería quedarse cruzado de brazos.

Transparencia por Colombia coincide con el presidente Petro, en que este proceso necesita plena transparencia y discusión abierta y argumentada de todas las preguntas que están por resolverse. Señala que, en un Estado de Derecho, ante situaciones tan complejas como esta, imperan las reglas establecidas sin que nadie esté por encima de la ley.

En ese sentido considera que las hipótesis de un supuesto golpe de Estado desvían la atención del aspecto crucial de toda esta situación: la necesidad de continuar las investigaciones y determinar la responsabilidad de todos los presuntamente involucrados, es decir el candidato, gerente, tesorera y auditores, así como los partidos políticos de la coalición.

Corresponde a la Comisión de Acusaciones

La entidad precisa que cualquier investigación y eventual proceso de juzgamiento con respecto al presidente de la República le corresponde únicamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y, por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá trasladar todo lo correspondiente a la presunta responsabilidad del presidente Gustavo Petro a dicha instancia, que es el juez natural establecido por la Constitución.

Como hay más personas naturales y jurídicas involucradas, incluyendo al líder de la empresa más importante del país, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, asegura el organismo que es fundamental que esas otras indagaciones también avancen. Entre tanto, el presidente Petro y su gobierno pueden avanzar con su gestión, y su fuero presidencial debe mantenerse intacto.

En el análisis se indica que la amplia controversia sobre el alcance del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña presidencial ha contado con un referente importante: el Consejo de Estado indicó que el CNE es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campañas, pero no para sancionar con pérdida del cargo al presidente de la República. Si el presidente Gustavo Petro o alguna de las partes involucradas desean controvertir este pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, existen procedimientos contemplados en el ordenamiento legal, que nuevamente ponen en cuestión la hipótesis del supuesto golpe de Estado.

La controversia también ha estado fuertemente atada a la naturaleza y rol del Consejo Nacional Electoral: la procedencia política de sus integrantes y su alcance netamente administrativo.

De acuerdo con la Corporación, las dudas sobre el CNE solo podrán resolverse hacia delante y a partir de una medida de fondo: una reforma política seria, sustentada, ampliamente debatida y consensuada con todas las fuerzas políticas. Es lo que siempre se ha esperado de una reforma política que aún no ve la luz y que nuevamente se hace completamente necesaria.

Además, asegura que a esa discusión de fondo se debe sumar y resolver de manera definitiva un enorme vacío jurídico: se están saltando la norma de la prohibición de financiación de campañas presidenciales por parte de personas jurídicas cuando se realizan aportes a los partidos políticos para que éstos terminen asignados a las campañas presidenciales. Los datos son claros: en época de campaña presidencial los aportes privados a todos los partidos en competencia se incrementan significativamente, en comparación con años no electorales.

Entre tanto, anota, se debe avanzar con las reglas y la institucionalidad existente, que no se limita al CNE, sino que además debe involucrar, en los momentos que la ley lo prevé, a la Comisión de Acusaciones como se indicó antes, pero también a entidades como la Fiscalía General de la Nación para adelantar las indagaciones penales a las personas naturales no aforadas involucradas con respecto a los delitos electorales que se hayan configurado.