Este miércoles, 13 de agosto, el equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, presentó formalmente un extenso recurso de apelación –de aproximadamente 904 páginas– ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El objetivo es revocar la condena impuesta en primera instancia, que lo sentenció a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal
La defensa argumenta que la sentencia proferida el 1 de agosto por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá incurrió en errores de hecho y de derecho, así como en una vulneración de garantías procesales y sesgos ideológicos.
En el documento, se solicita que el Tribunal “revoque parcialmente” el fallo y absuelva a Uribe de los cargos que motivaron su condena.
Los abogados reivindican la necesidad de restablecer la libertad del expresidente, al considerar que no existe justificación legal para mantener la medida de prisión domiciliaria mientras.
Los magistrados que decidirán
El plazo para interponer la apelación vencía originalmente el 11 de agosto; sin embargo, la jueza otorgó una prórroga de dos días, acto al que se adhirió tanto la defensa como la Procuraduría General de la Nación.
El recurso de apelación será estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, cuya decisión será de segunda instancia. Según fuentes especializadas, se prevé que los magistrados que conocieron las etapas previas del juicio —Manuel Antonio Merchán, Isabel Álvarez Hernández y Alexandra Oza— sean asignados nuevamente al caso, con Merchán como ponente, salvo que surja algún impedimento
Situación actual de la prisión domiciliaria y tutela
Paralelamente, la defensa interpuso una acción de tutela, con el fin de suspender la ejecución de la prisión domiciliaria mientras se resuelve la apelación, argumentando que se habrían vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la dignidad humana.
El Tribunal Superior de Bogotá aceptó el impedimento del magistrado Ramiro Riaño Riaño, quien inicialmente debía conocer la tutela; en su lugar, el trámite quedó a cargo del magistrado Leonel Rogeles Moreno.
Hasta ahora, el Tribunal ha negado la tutela, por considerar que no se cumplen los requisitos para esa vía constitucional.
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