La controversia generada por el viaje de 5 alcaldes a Washington para intervenir en asuntos sensibles de política exterior —como lo es la posible descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en la lucha antidrogas— requiere una revisión detallada del marco normativo que regula las relaciones internacionales del país.
Los alcaldes que irán a Estados Unidos con la misión de gestionar que no se descertifique a Colombia, son: el de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay.
El artículo 189 de la Constitución de Colombia, numeral 2, establece que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado y de Gobierno “dirigir las relaciones internacionales” y “nombrar a los agentes diplomáticos y consulares”.
Según la interpretación del gobierno, esto implica que solo el presidente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, puede llevar la voz oficial de Colombia ante otros Estados, lo que convierte al jefe de gobierno en el único vocero legítimo del Estado colombiano en materia diplomática.
Por su parte, el artículo 226 de la Carta Política señala que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Juristas consideran que este artículo refuerza la tesis que las relaciones internacionales, incluso las de carácter económico, deben seguir lineamientos nacionales y no individuales o locales.
El principio de coordinación
Entre tanto, la Ley 489 de 1998 – Normas sobre la organización y funcionamiento de la administración pública, en su artículo 6° – Principio de coordinación, dice: “Todas las entidades del Estado deben actuar coordinadamente para el cumplimiento de sus funciones… se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.
Quienes defienden lo planteado por el presidente Gustavo Petro, en el sentido que el viaje de los cinco alcaldes requiere permiso, señalan que cuando un alcalde toma decisiones internacionales sin consultar al Gobierno Nacional, puede romper este principio de coordinación.
El artículo 38 de la señalada ley establece que los organismos y entidades deben respetar los límites de su competencia funcional. Dicen expertos que en este sentido, los alcaldes tienen autonomía administrativa, pero no competencia para representar al Estado colombiano ante otros Estados o gobiernos.
Con base en los anterior, la consideración del gobierno es que el viaje de los cinco alcaldes a Washington para intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de evitar la descertificación de Colombia, trasciende sus competencias constitucionales y legales.
Igualmente estima que desconocen la autoridad exclusiva del Presidente para representar a Colombia en asuntos internacionales.
Responsabilidad disciplinaria
Analistas advierten también que aunque los alcaldes pueden gestionar cooperación internacional técnica o financiera para sus territorios, no pueden asumir vocerías diplomáticas que comprometan la posición oficial del Estado colombiano sin coordinación y aval de la Presidencia o la Cancillería.
Y juristas estiman que cualquier representación internacional no autorizada puede ser considerada una extralimitación de funciones y, eventualmente, motivo de responsabilidad disciplinaria o administrativa.
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