El camino para que la Uniautónoma pase a ser universidad pública, ley estaría lista en diciembre

En una movida que busca sanear una institución marcada por años de crisis administrativa y financiera, la Universidad Autónoma del Caribe avanza decididamente en el proceso para convertirse en una universidad pública del orden nacional.

El rector Jorge Senior Martínez, designado por el Ministerio de Educación, confirmó en diálogo exclusivo con El Norte que este es el camino con “más posibilidades” para garantizar la viabilidad y futuro de esta importante institución.

El proceso de cambio de naturaleza jurídica ya cuenta con la aprobación inicial del Consejo Superior de la institución, el cual ha dado luz verde para radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Senior enfatizó que esta iniciativa nace desde el interior de la universidad y es un acto voluntario, no una expropiación.

Hay que recordar que él asumió la rectoría hace 1 año y siete meses y asegura haberla encontrado sumida en una profunda crisis, arrastrando un pasivo superior a los 100.000 millones de pesos desde hace varios años.

Recordó que la institución fue intervenida desde 2018 bajo la Ley 1740 de 2014, normativa que protege el derecho a la educación y al trabajo ante situaciones de riesgo.

“Yo encuentro la universidad en una situación de crisis, producto de todas esas situaciones anteriores, donde prácticamente la universidad fue robada varias veces; se vendieron activos por debajo del precio, hubo diversas irregularidades, todas ellas están en los estrados judiciales con sus respectivos procesos…nosotros asumimos la universidad así como estaba y empezamos a identificar otras irregularidades adicionales a las que había encontrado el Ministerio y todo eso lo hemos informado a las autoridades”, subrayó.

En cuanto a la operación diaria, las cifras son alarmantes. El déficit operacional de la universidad alcanzó los 14.000 millones de pesos en 2023. Aunque la nueva administración ha logrado reducir esa cifra a 9.000 millones de pesos en 2024, cada año se  incrementa la deuda acumulada, especialmente en rubros de seguridad social.

Senior explicó que la Uniautónoma se ha visto obligada a operar con limitaciones, sin poder cumplir al 100% con la seguridad social de sus empleados, a pesar de los esfuerzos por aumentar gradualmente dichos pagos. La Ley 1740 ha evitado que la universidad entre en un proceso inmediato de liquidación.

El cambio de naturaleza jurídica

Ante la dificultad de sostener la Universidad Autónoma del Caribe como una entidad privada, lo que implicaría drásticos recortes de más del 20% de su tamaño, la única alternativa estructural identificada es el cambio de su naturaleza jurídica para volverla pública.

El paso a ser una universidad pública de orden nacional traerá beneficios directos a la comunidad universitaria de la institución y a la región Caribe.

Los estudiantes de pregrado se verán favorecidos por la reducción en los costos de matrícula, que podría llegar a ser gratuita bajo la política de gratuidad.

“La salida que estamos planteando es la nacionalización de la universidad, o sea el cambio de naturaleza jurídica para volverla pública y tenga como fuente de ingresos, en parte, el Presupuesto General de la Nación, como universidad pública número 35 en el país”, precisó el rector Jorge Senior.

La Universidad Autónoma del Caribe actualmente alberga a 6.000 estudiantes, de los cuales el 80% pertenece a estratos 1, 2 y 3. Además, la universidad, que alguna vez tuvo 14.000 alumnos, tiene la capacidad física para recibir hasta 8.000 nuevos estudiantes con la política de gratuidad.

Senior asegura que en lo que respecta a los trabajadores, estos se beneficiarán de condiciones laborales significativamente mejores, propias del sector público.

Apoyo suprapartidista a la iniciativa

El proyecto de ley será presentado de manera suprapartidista en el Congreso, contando con el apoyo de senadores de diversas bancadas incluyendo el Partido Liberal, Partido de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico, Alianza Verde y Comunes, demostrando el carácter social de la propuesta.

Esta iniciativa  busca transferir los bienes de la actual corporación a la nueva universidad pública, manteniendo el nombre.

Avances del proceso y tiempos de ley

Jorge Senior explicó que el Ministerio de Educación no puede comprometerse oficialmente hasta que la Uniautónoma entregue un estudio de factibilidad. Este estudio, que se prevé de más de 200 páginas, se está finalizando y se espera presentarlo al Ministerio antes que termine el mes de octubre.

Una vez que el Ministerio emita su concepto técnico, el proyecto de ley, que ya está redactado, se radicará simultáneamente en el Congreso.

Respecto a los tiempos legislativos, si se logra un mensaje de urgencia y una rápida acción del Congreso, la ley podría estar lista en diciembre, permitiendo la transición para el año 2026. De lo contrario, el trámite ordinario podría tardar dos o incluso tres legislaturas, llegando al 2026 y potencialmente al nuevo Congreso elegido.

Una vez la iniciativa se convierta en ley, deberá pasar para su aprobación al Consejo Superior, que está conformado por: Jairo Parada, Cecilia Correa, Abdón Sierra, Arturo Luna, Eduardo Bermúdez, Rita Jaramillo, María Jimena Wilches, Natalia Herrera,  Javier Manjarrés y el rector Jorge Senior, que tiene voz pero sin voto.

Jorge Senior aseguró que el calendario académico de la Universidad Autónoma del Caribe no se verá afectado por este proceso de cambio de naturaleza jurídica y que el mensaje para la comunidad estudiantil es de “tranquilidad total”, pues la calidad mejorará gracias al fortalecimiento de la financiación.

Acciones inmediatas para mejorar los ingresos

Mientras el proceso de nacionalización avanza, en paralelo la universidad implementa estrategias diarias para reducir el gasto y aumentar los ingresos.

Una de las acciones clave es la alianza con la Universidad del Atlántico. Senior informó que está cerca de un acuerdo mediante el cual estudiantes de educación continuada de la Universidad del Atlántico utilizarán instalaciones de la Uniautónoma que actualmente están desocupadas, generando así nuevos ingresos para la institución.

Otras medidas incluyen la reorganización de las unidades de negocio (como el parqueadero, el polideportivo y la emisora) para garantizar que los ingresos entren directamente a la universidad; la diversificación de la oferta académica (pasando de 42 a 46 programas), y la formulación de proyectos ante el sistema de regalías y otras convocatorias en búsqueda de financiación externa. Todo esto se suma a las matrículas, que son la principal fuente de ingresos de esta institución de educación superior.

 

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