En un análisis sobre la reciente decisión del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo en más de un 23%, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG, manifestó su preocupación por las repercusiones que esta medida tendrá en la estructura productiva del país.
Según el dirigente gremial, un ajuste de esta magnitud no constituye una victoria social automática, sino que puede convertirse en un riesgo serio para el empleo y la estabilidad económica.
Castañeda enfatizó que se ha ignorado la regla técnica fundamental de sumar la inflación a la productividad. Según los datos presentados, entre 2022 y 2025 el salario mínimo ya aumentó cerca del 42%, frente a una inflación acumulada del 30% y una productividad prácticamente estancada.
Para el líder de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, subir el salario muy por encima de la productividad no genera prosperidad, sino tensiones sobre el empleo formal.
Uno de los puntos más críticos señalados por Castañeda es la carga financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
Con este incremento, el costo total de un trabajador que devenga un salario mínimo se elevará a aproximadamente $2,7 millones, aunque el empleado solo reciba de forma neta cerca de $1,86 millones.
Desplazarse hacia la informalidad
Esta disparidad, señala Castañeda, representa una realidad que miles de mipymes no pueden asumir sin verse obligadas a reducir la contratación, optar por la automatización o, en el peor de los casos, desplazarse hacia la informalidad.
Además, el dirigente advirtió sobre un efecto inflacionario inevitable, consistente en que cuando los costos laborales suben de forma abrupta, estos se trasladan a los precios de bienes y servicios básicos como salud, educación, construcción y restaurantes. “Esto genera una pérdida del poder de compra que termina afectando incluso a quienes reciben el aumento salarial”, explicó.
Un beneficio limitado con riesgos generales
La posición de ANDEG resalta que el beneficio directo de esta medida solo alcanza a cerca del 20% de los ocupados formales. En contraste, el resto de la población —informales, desempleados y jóvenes que buscan su primer empleo— no recibe el ajuste y debe enfrentar precios más altos y mayores barreras para acceder al mercado laboral formal.
El presidente ejecutivo de ANDEG concluyó que los salarios reales no se determinan por decreto, sino que dependen de la productividad de la economía.
“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana terminan afectando precisamente a quienes dicen proteger. Más rigidez laboral, menor inversión y menos oportunidades no son progreso; son una advertencia que ya conocemos”, enfatizó.
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