La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) encendió las alarmas sobre una sofisticada estructura criminal, denominada el “cartel de la insolvencia”, dedicada a instrumentalizar de forma fraudulenta los mecanismos legales para que deudores evadan sus compromisos financieros.
De acuerdo con Jonathan Malagón, presidente de la agremiación, este fenómeno ha mostrado un crecimiento alarmante en la última década: de apenas 400 procesos registrados hace diez años, la cifra escaló a 20.000 casos en 2025 y se proyecta que alcance los 35.000 para el cierre de 2026.
La investigación de Asobancaria revela que no se trata de esfuerzos aislados, sino de una red coordinada integrada por abogados asesores y ciertos centros de conciliación que actúan en connivencia.
Su objetivo es facilitar el acceso a los beneficios de la Ley de Insolvencia a personas que no atraviesan una crisis económica real o que buscan defraudar a sus acreedores.
Entre las tácticas detectadas, destaca la figura de los “quiroamigos”. Estos son individuos registrados falsamente como prestamistas para crear deudas ficticias, permitiendo al deudor inflar su pasivo y cumplir artificialmente con los requisitos legales para declararse insolvente.
Sorprendentemente, se ha constatado que muchos de estos supuestos acreedores son personas privadas de la libertad, cuyas identidades son utilizadas para concretar el fraude.
Esta metodología sistemática permite al cartel forzar acuerdos de pago que perjudican no solo a la banca, sino también a empresas de tecnología financiera (Fintech), compañías de telecomunicaciones (telcos) y diversos proveedores del sector real.
Graves consecuencias legales y económicas
El mal uso de esta figura legal, diseñada originalmente para apoyar a personas en crisis económica legítima, conlleva repercusiones severas para todos los involucrados.
Para los deudores: Malagón advirtió que quienes participan en estos engaños se cierran las puertas al sistema financiero formal, manchan su historial crediticio de forma permanente y se exponen a procesos penales.
Para los profesionales: Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatizó que los abogados que promuevan estas prácticas podrían perder su tarjeta profesional y enfrentar sanciones disciplinarias y penales.
Impacto sistémico: El gremio señala que este fraude deteriora la confianza en el sistema, lo que termina por encarecer el costo del crédito y endurecer los requisitos de acceso para todos los usuarios.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/asobancaria-presenta-paquete-de-propuestas-para-reactivar-la-economia-del-pais/
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