La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó ante la Corte Penal Internacional (CPI) su preocupación por una propuesta que contempla trasladar $100.000 millones de su presupuesto al Consejo Superior de la Judicatura, iniciativa impulsada por el senador Enrique Gómez y respaldada públicamente por el presidente Abelardo de la Espriella.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, envió el 18 de septiembre una comunicación a fiscales de la CPI en la que advirtió que las medidas presupuestales y legislativas que se tramitan en Colombia podrían afectar la autonomía de la jurisdicción y las garantías de las víctimas y comparecientes.
JEP advierte sobre una posible “asfixia” presupuestal
De acuerdo con la carta enviada por Ramelli, el recorte propuesto tendría un impacto equivalente a cerca del 62 % de los recursos destinados a bienes y servicios de la JEP. El magistrado también aseguró que la jurisdicción ya enfrenta una desfinanciación acumulada de aproximadamente $84.663 millones.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales. Según la JEP, alrededor de $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección podrían quedar comprometidos si se concreta la reducción planteada.
Ramelli también alertó por posibles afectaciones a gastos de arrendamiento, servicios públicos y mantenimiento, además de una reducción superior al 40 % de los recursos destinados al datacenter y a la interoperabilidad del sistema judicial. En su concepto, esto podría comprometer la seguridad de la información y la operación de los macrocasos que adelanta el tribunal.
La preocupación de la JEP no se limita al presupuesto. Ramelli también puso en conocimiento de la CPI una propuesta de reforma constitucional que busca establecer una revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
Para el presidente de la jurisdicción, ambas iniciativas no deberían analizarse como hechos aislados, porque podrían afectar las condiciones institucionales y materiales para el funcionamiento de la justicia transicional.
¿Qué respondió el presidente Abelardo de la Espriella?
El presidente Abelardo de la Espriella rechazó los señalamientos de Ramelli y negó que las decisiones presupuestales representen una retaliación contra la JEP.
En un pronunciamiento divulgado este domingo, el mandatario sostuvo que no comparte “el contenido, el alcance ni el tono” de la comunicación enviada a la CPI y afirmó que el debate sobre el presupuesto nacional forma parte del funcionamiento constitucional del Estado.
De la Espriella argumentó que la JEP ha recibido más de $3 billones del erario desde 2018. Añadió que en 2025 tuvo una asignación de $777.069 millones, mientras que en 2026 opera con cerca de $744.659 millones. Para 2027, según el Gobierno, la JEP solicitó $947.642 millones, pero el proyecto presupuestal contempla $821.803 millones.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, sostuvo el jefe de Estado, al defender que los recursos públicos deben distribuirse de acuerdo con las disponibilidades del Estado, sus necesidades y las prioridades de la ciudadanía.
El mandatario también cuestionó los resultados de la jurisdicción y planteó la necesidad de revisar qué se ha hecho con los recursos entregados durante los últimos años. De la Espriella sostuvo que su Gobierno busca fortalecer la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos y limitaciones de infraestructura y tecnología.
El punto de fondo: víctimas, autonomía y presupuesto
La discusión ahora se trasladará nuevamente al Congreso de la República, donde deberá definirse el futuro de la propuesta de traslado de recursos.
Para la JEP, el debate no es únicamente financiero: está relacionado con su autonomía judicial, la protección de las víctimas y la continuidad de los procesos de justicia transicional derivados del Acuerdo Final de Paz. El Gobierno, por su parte, sostiene que la discusión responde a criterios de asignación presupuestal y a la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria.
La intervención solicitada a la CPI busca que ese organismo internacional haga seguimiento a las medidas que podrían modificar las condiciones de funcionamiento de la JEP. Ramelli también anunció que pondría la situación en conocimiento de otros organismos y actores internacionales vinculados al seguimiento del Acuerdo de Paz.
Así, la controversia entre la JEP y el Gobierno de Abelardo de la Espriella queda abierta en dos frentes: el debate presupuestal que deberá resolver el Congreso y la discusión institucional sobre hasta dónde puede llegar una reasignación de recursos sin afectar la autonomía y las funciones de la jurisdicción creada para investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado.
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