El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse este domingo 20 de septiembre a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990 y lanzó una contundente declaración frente a los señalamientos que lo relacionan con estructuras paramilitares.
“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, afirmó Uribe al pronunciarse sobre el proceso que actualmente enfrenta por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia.
El exmandatario también manifestó que espera que su situación judicial tenga una definición de fondo y que no permanezca en un escenario que calificó como un “limbo reputacional”. Según sus declaraciones, cualquiera que sea la autoridad competente, su pretensión es que el proceso termine con una decisión judicial.
“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, señaló el expresidente, de acuerdo con el reporte de Caracol Radio.
¿Por qué investigan a Álvaro Uribe?
La investigación está relacionada con hechos ocurridos cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
El expediente incluye las masacres de La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997, además de indagaciones relacionadas con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque, Antioquia. La Fiscalía abrió formalmente la investigación en junio de 2026.
Los señalamientos hacen parte de una investigación penal en la que las autoridades deberán establecer, con base en las pruebas incorporadas al expediente, si existe responsabilidad individual de Uribe por los hechos investigados. Hasta el momento, el expresidente ha rechazado las acusaciones y ha defendido su inocencia.
El conflicto por quién debe investigar el caso
Uno de los puntos centrales del proceso actualmente es determinar qué autoridad tiene competencia para continuar con la investigación.
La controversia enfrenta a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Fiscalía sostiene que puede continuar con el expediente debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia y no durante su posterior periodo como presidente de Colombia.
La Corte Constitucional deberá dirimir este conflicto de competencias. Mientras se adopta una decisión, la Fiscalía ha señalado que la actuación procesal continúa.
Uribe dice que respetará la decisión judicial
En su pronunciamiento, el expresidente aseguró que ha atendido los llamados de las autoridades y que continuará compareciendo ante la Fiscalía cuando sea requerido.
“Me he sometido a la Fiscalía, he ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”, manifestó.
También aseguró que respetará la determinación que adopte la Corte Constitucional sobre la autoridad que deberá asumir el expediente.
De esta manera, el caso por las masacres de El Aro y La Granja continúa abierto y pendiente de decisiones tanto en materia de competencia como respecto del fondo de las acusaciones. La investigación deberá avanzar conforme a las pruebas y garantías procesales correspondientes, mientras el expresidente mantiene su negativa frente a cualquier vínculo criminal y reclama una decisión definitiva.
La frase “si hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente” volvió a poner el caso de Álvaro Uribe en el centro del debate judicial y político nacional, en momentos en que la Corte Constitucional debe resolver quién tendrá a su cargo el proceso.
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