El presidente de EGAL S.A.S., Iván María Martínez Ibarra, dirigió un derecho de petición al Presidente de la República y a las autoridades del sector eléctrico. Cuestiona duramente que proyectos que ya cuentan con viabilidad técnica expedida por el Operador de Red sean obligados a reiniciar trámites de conexión.
En una fuerte comunicación remitida al Gobierno Nacional y a los principales organismos reguladores del sector eléctrico, el presidente y representante legal de EGAL S.A.S., Iván María Martínez Ibarra, denunció una “parálisis administrativa” que obstaculiza la entrada en operación de nueva generación de energía en el país.
De acuerdo con el directivo, un desorden regulatorio histórico y la falta de articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero -Energética (UPME) y los Operadores de Red (OR) están frenando la oferta eléctrica e incrementando la vulnerabilidad del sistema.
El eje central del pronunciamiento radica en la traba burocrática impuesta a las iniciativas de generación con capacidad inferior a los 10 megavatios (MW). Según expone la carta, tras diversos cambios normativos, el esquema regulatorio actual estableció una división clara: la UPME administra los proyectos mayores a 10 MW, mientras que los Operadores de Red gestionan directamente los proyectos menores a 10 MW.
Sin embargo, el sector enfrenta un obstáculo que la firma califica de incomprensible: los proyectos menores a 10 MW que ya habían obtenido un concepto de viabilidad técnica emitido por el mismo Operador de Red bajo normativas anteriores están siendo obligados a tramitar nuevamente su solicitud de conexión.
Para Martínez, este requerimiento representa un “contrasentido técnico y administrativo” fruto de una cultura de exceso de controles. El ejecutivo remarcó que si el proyecto es menor a 10 MW y el mismo Operador de Red —que hoy ostenta la autoridad definitiva sobre ese segmento— ya certificó la viabilidad de la conexión, no existe justificación técnica para impedir su avance.
Amenaza de apagón y precios de energía elevados
El presidente de EGAL advirtió que la falta de resolución de estos cuellos de botella regulatorios ocurre en un momento crítico para la economía y la seguridad energética nacional. Martínez afirmó que este tipo de barreras mantiene al país “al borde de un apagón y con los precios de la energía en las nubes”, mientras las entidades del sector se trasmiten responsabilidades de manera recíproca sin destrabar los procesos.
Ante esta coyuntura, solicitó expresamente la intervención directa del Presidente de la República para que imparta instrucciones de política que ordenen destrabar estos trámites de forma inmediata.
Exigencia formal de una ventana fast track
La actuación de EGAL se formalizó mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición en interés general, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015.
A través de este mecanismo constitucional, la empresa solicita a la ministra de Minas y Energía, al Director General de la UPME y al Director Ejecutivo de la CREG la expedición de un acto administrativo que habilite una ventana fast track de convalidación automática de los conceptos de viabilidad técnica ya otorgados a proyectos menores a 10 MW, eliminando la exigencia de reiniciar el trámite de conexión.
Asimismo, requirió que las autoridades emitan decisiones claras de fondo dentro de los términos legales para evitar traslados sucesivos entre entidades.
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