*La exfuncionaria aceptó su responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía. La decisión judicial está relacionada con la presentación de documentos académicos falsos para acreditar requisitos que no cumplía y aspirar a un cargo en el Gobierno.
Juliana Guerrero fue condenada este miércoles a tres años de prisión por la justicia colombiana, luego de aceptar su responsabilidad en el proceso relacionado con la presentación de títulos académicos falsos con los que buscó acreditar requisitos para ocupar un cargo en el Gobierno.
La decisión fue adoptada por un juez de Bogotá al avalar el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación. La pena, equivalente a 36 meses de prisión, está relacionada con el delito de fraude procesal. Además, deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos, según los reportes conocidos tras la audiencia.
Durante la diligencia judicial, Guerrero reconoció haber presentado documentación que no correspondía con su verdadera trayectoria académica. En particular, admitió haber incurrido en fraude procesal al modificar la información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y aportar esos documentos ante el entonces Ministerio de la Igualdad.
“Quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, manifestó Guerrero durante la audiencia, deacuerdo con la información conocida sobre el proceso.
El origen del caso
El escándalo se conoció en 2025, cuando el Gobierno publicó la hoja de vida de Guerrero como parte del proceso para su eventual designación como viceministra de Juventudes.
En una primera versión de su hoja de vida, publicada el 15 de agosto de ese año, Guerrero no acreditaba un título profesional, requisito contemplado en el manual de funciones para el cargo. Posteriormente, una nueva versión de su perfil registró un título de Contaduría Pública atribuido a la Fundación Universitaria San José.
Las inconsistencias fueron advertidas a partir de investigaciones periodísticas y denuncias de congresistas. Entre los elementos que llamaron la atención estuvo que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio para la obtención de un título profesional en Colombia.
Las verificaciones también establecieron que no había cursado los estudios que supuestamente sustentaban los títulos registrados en su hoja de vida. Ante la controversia, el entonces presidente Gustavo Petro retiró supostulación para la ViceMinisterio de Juventudes.
De funcionaria del Gobierno a condenada
El caso adquirió especial relevancia por el rápido ascenso de Guerrero dentro de la administración de Petro. Antes de la polémica por sus títulos, ocupó diferentes posiciones vinculadas al Gobierno y llegó a desempeñarse como enlace territorial del Ministerio del Interior y posteriormente como jefe de gabinete de esa cartera.
También fue delegada del Gobierno en el consejo directivo de la Universidad del Cesar, posición que mantuvo incluso después de que se frustrara su llegada al Viceministerio de Juventudes.
La investigación podría ir más allá de Guerrero
El expediente también ha puesto bajo la lupa a la Fundación Universitaria San José y la eventual expedición irregular de títulos académicos.
Según denuncias citadas en las investigaciones, al menos 24 contratistas vinculados al Gobierno de Petro habrían tenido títulos irregulares de esa institución. La Fiscalía mantiene investigaciones para establecer el alcance de esas presuntas irregularidades y determinar si hubo más personas involucradas.
La congresista Jennifer Pedraza, quien había cuestionado públicamente la formación académica de Guerrero, calificó la condena como un resultado de las denuncias y del control político.
Por su parte, la representante Catherine Juvinao ha reclamado que se avance en la investigación sobre otros funcionarios y contratistas cuyos títulos estarían bajo sospecha.
La sentencia contra Guerrero marca así un capítulo judicial en uno de los episodios más controvertidos de la administración Petro: una joven que llegó a ocupar posiciones de influencia dentro del Gobierno terminó admitiendo ante la justicia que utilizó documentación académica falsa para acreditar requisitos que no cumplía.
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