La propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la Rama Judicial en 2027 generó un nuevo choque entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el tribunal de justicia transicional.
La iniciativa fue presentada por el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien plantea que los recursos sean destinados al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria, mediante la creación de nuevos despachos y la formalización de cargos judiciales. El presidente De la Espriella respaldó públicamente la propuesta con el mensaje: “Publíquese, comuníquese y cúmplase”.
El planteamiento se conoce en medio del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 y de las discusiones sobre la capacidad de la Rama Judicial para atender el rezago de procesos. Según los argumentos expuestos por los promotores de la iniciativa, el traslado de los recursos permitiría fortalecer la justicia ordinaria y atender parte de las necesidades de despachos y funcionarios.
Alejandro Ramelli lanza alerta por recorte a la JEP
La respuesta de la JEP estuvo a cargo de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, quien calificó el eventual recorte como una afectación grave para el funcionamiento de la jurisdicción y anunció que la situación será puesta en conocimiento de organismos internacionales.
De acuerdo con Ramelli, los $100.000 millones representan cerca del 62 % de los recursos destinados a adquisición de bienes y servicios contemplados para la JEP en el proyecto presupuestal. A su juicio, la reducción comprometería gastos esenciales para mantener la operación de la entidad.
El magistrado también advirtió sobre posibles consecuencias para el funcionamiento de las sedes de la JEP, los desplazamientos a los territorios y los mecanismos relacionados con la protección de víctimas y testigos.
Según su explicación, la reducción podría dificultar el pago de arriendos, servicios, mantenimiento e infraestructura, además de afectar convenios necesarios para garantizar la protección de personas vinculadas a los procesos de la justicia transicional.
JEP llevará la discusión a organismos internacionales
Ante el Congreso y la comunidad internacional, Ramelli sostuvo que la discusión no debe limitarse a un asunto estrictamente presupuestal. El presidente de la JEP anunció que la jurisdicción acudirá a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional (CPI) y Naciones Unidas, para exponer sus preocupaciones sobre las iniciativas que, según la JEP, podrían afectar su autonomía y funcionamiento.
Ramelli ha señalado que existe una estrategia política de asfixia económica contra la JEP y ha relacionado el recorte presupuestal con otras iniciativas que buscan modificar el alcance o control de las decisiones adoptadas por el tribunal. El magistrado considera que, en conjunto, esas propuestas podrían afectar la independencia de la jurisdicción.
La JEP también sostiene que el Estado colombiano tiene compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 y de obligaciones internacionales relacionadas con la justicia transicional y los derechos de las víctimas.
¿En qué consiste la propuesta de Enrique Gómez?
La proposición del senador Enrique Gómez busca retirar $100.000 millones de las partidas asignadas a la JEP dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027 y trasladarlos a la Rama Judicial.
El argumento de los promotores es fortalecer la justicia ordinaria en un momento en que existe un importante número de procesos pendientes. Caracol Radio reportó que la iniciativa busca contribuir a atender un rezago cercano a 2,2 millones de procesos pendientes de decisión.
La propuesta, por ahora, hace parte del debate presupuestal y su eventual aplicación depende del trámite que adelante el Congreso de la República.
De la Espriella y la JEP mantienen posiciones enfrentadas
El respaldo presidencial profundiza una discusión que ya se había presentado durante la campaña y que ahora se traslada al debate institucional sobre el presupuesto de la justicia transicional.
Mientras el Gobierno respalda la redistribución de los recursos hacia la Rama Judicial ordinaria, la JEP advierte que el recorte tendría consecuencias directas sobre su capacidad operativa y sobre las obligaciones que tiene frente a víctimas, comparecientes y procesos judiciales.
El debate también coincide con una etapa clave para la JEP, que avanza hacia fases de juzgamiento dentro de varios de los casos que investiga desde su creación en el marco del Acuerdo de Paz.
Por ahora, el Congreso deberá definir si mantiene, modifica o rechaza la proposición de trasladar los $100.000 millones. Entre tanto, la JEP prepara su respuesta ante organismos internacionales, mientras el Gobierno de De la Espriella sostiene su respaldo a la iniciativa promovida por el senador Enrique Gómez.
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