La ofensiva se extendió durante la noche del lunes y la madrugada del martes en Medellín, el Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia. Las autoridades también reportaron la expulsión de 98 extranjeros y la incautación de armas, drogas y dinero en efectivo.
El presidente Abelardo De la Espriella encabezó un megaoperativo de seguridad en Medellín y otras zonas de Antioquia, en una ofensiva dirigida contra las estructuras criminales responsables de delitos como homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.
La operación, desarrollada entre la noche del lunes 26 de octubre y la madrugada del martes 27, contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
De acuerdo con el balance consolidado divulgado por la Presidencia de la República, el despliegue dejó 149 personas capturadas, cuatro aprehensiones y 166 allanamientos. Además, Migración Colombia reportó la expulsión de 98 extranjeros, como parte de las acciones de control adelantadas durante la jornada.
La ofensiva buscaba debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones delincuenciales que mantienen actividades ilícitas en la capital antioqueña y otros municipios del departamento.
Golpe a las finanzas y al armamento de las bandas
Entre los resultados presentados por el Gobierno nacional figura la incautación de 12 armas de fuego, cinco armas traumáticas y más de 72 kilogramos de estupefacientes. Las autoridades también decomisaron 717 millones de pesos en efectivo, 25.000 euros y 695 gramos de oro.
El balance incluyó, además, la emisión de una notificación roja de Interpol, un mecanismo de cooperación internacional para localizar a personas buscadas por las autoridades judiciales.
Según el Gobierno, las acciones se concentraron en afectar no solo a quienes ejecutan los delitos, sino también a las estructuras que los coordinan, sus recursos económicos y sus redes de apoyo.
El presidente De la Espriella defendió la continuidad de esta estrategia y aseguró que su administración mantendrá la presión contra las organizaciones criminales hasta desarticularlas y llevar a sus integrantes ante la justicia.
“Vamos a perseguirlos, desmantelar sus organizaciones, asfixiar sus finanzas y llevarlos ante la justicia”, manifestó el mandatario al presentar los resultados de la operación.
Operativos contra el hurto de relojes de alta gama
Uno de los focos de la intervención fue el combate a las redes dedicadas al hurto de objetos de lujo, una modalidad que afecta a visitantes y turistas en Medellín.
Durante las primeras horas de la operación, las autoridades reportaron la captura de alias ‘Risas’, señalado de participar en el robo de relojes de alta gama, incluidos Rolex, a ciudadanos extranjeros. Según la información divulgada durante el despliegue, el sospechoso estaría relacionado con una estructura delincuencial conocida como ‘La Roja’.
Las acciones también estuvieron orientadas a combatir el microtráfico, la extorsión y los homicidios, delitos que representan algunos de los principales desafíos de seguridad para Medellín y el Valle de Aburrá.
De la Espriella destacó el trabajo conjunto
El jefe de Estado resaltó la coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades territoriales y los organismos judiciales, y reiteró su respaldo a los uniformados que participaron en los procedimientos.
El operativo se extendió más allá de Medellín, con intervenciones en el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia. El propósito, según las autoridades, es evitar que las organizaciones delincuenciales consoliden corredores para sus actividades ilícitas y recuperen espacios donde ejercen control criminal.
Con esta intervención, el Gobierno busca mostrar resultados de su política de seguridad mediante operaciones simultáneas, capturas, allanamientos e incautaciones. Sin embargo, el desafío será mantener los resultados en el tiempo, impedir la reorganización de las bandas y traducir los golpes operacionales en una reducción sostenida de los delitos que afectan a los ciudadanos.
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