La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) prepara una actualización de las normas que establecen el procedimiento para declarar y aplicar un racionamiento de energía eléctrica en Colombia, en medio de las alertas por el fenómeno de El Niño, el crecimiento sostenido de la demanda y las dificultades que enfrenta el sistema para garantizar el abastecimiento.
La propuesta busca establecer con mayor claridad cómo se actuaría si la generación disponible resulta insuficiente para atender el consumo nacional.
Trascendió que la regulación contempla dos escenarios: un racionamiento de emergencia, que se aplica ante una situación crítica en tiempo real, y uno programado, cuando la demanda prevista supera la oferta de electricidad disponible.
La actualización cobra relevancia porque las reglas para implementar estas medidas no se revisaban con un nivel de detalle similar desde hace más de tres décadas.
La intención es contar con herramientas operativas para enfrentar un eventual déficit de energía si las medidas preventivas y de ahorro resultan insuficientes.
Sin embargo, es importante precisar que la preparación de estas reglas no significa que Colombia esté entrando actualmente en racionamientos eléctricos, ni que se haya decretado una restricción generalizado del servicio. Se trata de una medida para definir cómo se distribuirían las restricciones en caso de que fueran necesarias.
¿Quiénes serían los primeros afectados por los cortes de energía?
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el orden en que se aplicarían las restricciones, dependiendo de la magnitud del déficit energético.
Para el racionamiento programado, los hogares y los usuarios que acumulen dos meses de mora en el pago de sus facturas estarían entre los primeros afectados.
El esquema planteado por la CREG establece los siguientes niveles de actuación: Faltante inferior al 1 %: se aplicaría un manejo operativo del sistema, que podría incluir ajustes de voltaje, sin llegar necesariamente a un racionamiento.
Déficit entre el 1 % y el 3 %: las restricciones se concentrarían en los usuarios residenciales.Déficit entre el 3 % y el 5 %: se incorporarían también los usuarios oficiales.
Déficit entre el 5 % y el 10 %: las medidas alcanzarían a los usuarios comerciales.Y déficit superior al 10 %: las restricciones incluirían igualmente al sector industrial.
Cortes de manera equitativa
La propuesta también contempla que los cortes se distribuyan de manera equitativa y rotativa, de modo que no todos los usuarios afectados permanezcan sin electricidad al mismo tiempo.
Asimismo, se prevé la exclusión de usuarios de especial protección constitucional que no pueden ser desconectados, tales como hospitales y clínicas.
Los cálculos indicamn que un racionamiento del 3 % podría afectar a 501.117 usuarios en todo el país y representar una reducción de 16.678.481 kilovatios hora durante una semana, repartida entre los diferentes operadores de red.
Lo que agrava el panorama energético
La actualización normativa se produce en un contexto de preocupación por la disponibilidad de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La disminución de los aportes hídricos amenaza la capacidad de generación de las hidroeléctricas, mientras el crecimiento del consumo obliga a recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas.
Una alerta emitida por el sector a comienzos de septiembre advirtió sobre un posible déficit de energía en firme y riesgos para atender la demanda máxima.
La CREG ya había adoptado medidas preventivas mediante la Resolución 101 127 del 27 de agosto de 2026, orientadas a asegurar el abastecimiento durante el fenómeno de El Niño de 2026-2027.
En septiembre, la Comisión activó el mecanismo para sostener la confiabilidad del sistema e inició el periodo de riesgo de desabastecimiento, una decisión que tampoco implicaba, por sí misma, un racionamiento programado.
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