En una decisión de alto impacto judicial y político, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en sesión extraordinaria, dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas reelegidos Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador, y Karen Astrith Manrique Olarte, de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional.
Ambos parlamentarios, quienes retuvieron su curul en los comicios del pasado 8 de marzo, son señalados por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra el intercambio de favores políticos por contratos estatales.
La investigación se centra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023. Según la Corte, los legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado dádivas y ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.
El objetivo de estos sobornos era asegurar que los congresistas emitieran conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera ministerial.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria determinó que, a través de varias reuniones documentadas, se pactó que el pago por estos trámites sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos específicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) localizados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
En dichos encuentros se habrían definido incluso los montos económicos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función pública.
Otros implicados y situación jurídica
Por estos mismos hechos, la Sala de Instrucción también acusó por el delito de cohecho impropio a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, a diferencia de Manzur y Manrique, estos cuatro procesados seguirán el proceso en libertad.
Para la Sala, el “amplio material recaudado” permite concluir con solidez que los implicados pudieron incurrir en el delito mencionado, al anteponer intereses económicos particulares a sus deberes legislativos.
Tras la decisión, la Corte Suprema procederá a notificar al Congreso de la República para que se haga efectiva la suspensión de los cargos de los investigados.
Asimismo, el alto tribunal precisó que, una vez la decisión quede en firme (ejecutoriada), el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para continuar con el juicio.
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