La directora ejecutiva de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, manifestó su preocupación por el impacto que las reformas laborales y fiscales están teniendo sobre el sector empresarial colombiano. Según la directiva, estas iniciativas son “las que más duelen y presionan tanto la estructura de costos como los resultados finales de las organizaciones”.
En el ámbito fiscal, Quintero denunció que el Gobierno Nacional está imponiendo diversas medidas vía decreto que no lograron ser aprobadas en el Congreso de la República. Un punto crítico es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA); a pesar de ser un tributo territorial, la dirigente insiste en que el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional deben establecer un techo normativo.
“Actualmente, la falta de uniformidad en la aplicación del ICA por parte de los alcaldes genera ventajas competitivas desiguales entre municipios y una inestabilidad jurídica derivada de la modificación anual de los estatutos tributarios a finales de cada año”, afirmó.
Añadió que esta constante incertidumbre, sumada a las interpretaciones variables de la norma, está afectando directamente la planeación y estabilidad del sector, dificultando el ejercicio de hacer empresa en el país. “No es fácil hacer empresa en Colombia y mantenerla”, expuso la dirigente gremial.”
Productividad e internacionalización: Los grandes desafíos
Para Rosmery Quintero, el entorno económico actual obliga a las empresas, especialmente a las mipymes, a enfrentar retos estructurales para garantizar su supervivencia.
Uno de los pilares fundamentales es la internacionalización, donde se observó una mejoría durante el tercer trimestre. El reto consiste en masificar este alcance mediante programas de acompañamiento, como los proyectados por la Gobernación del Atlántico, para integrar a más pequeñas y medianas empresas al comercio exterior.
De acuerdo con la vocera de Acopi Atlántico, otro desafío urgente es el costo de la energía, que ha experimentado un incremento temporal de 8 pesos adicionales por kilovatio hora (aproximadamente un 1%). Aunque el sector empresarial comprende los problemas estructurales de la cadena de generación y transmisión, Quintero hace un llamado al Gobierno Nacional para definir una salida estructural que no ponga en riesgo la operación económica.
“Nosotros al principio nos manifestamos que no estábamos de acuerdo, pero también entendemos las condiciones de la cadena la afectación que se está dando por esos grandes problemas estructurales que terminan afectando económicamente, y no podemos colocar en riesgo la generación, transmisión y el uso de la energía apropiadamente por eso lo hay que asumirlo”, afirmó la ejecutiva.
Revisión drástica de presupuestos
Finalmente, la directora ejecutiva de Acopi manifestó que el ajuste del salario mínimo ha forzado a las empresas a realizar una revisión drástica de sus presupuestos debido al disparo de los costos. Entre las medidas de respuesta adoptadas por los empresarios se encuentran la suspensión de inversiones, la eliminación de bonificaciones extralegales y la búsqueda de una mayor productividad para evitar que el clima laboral se deteriore.
La dirigente enfatizó que la estabilidad futura dependerá de que la inflación no sea exagerada “porque de eso depende el interés de la tasa que determina el Banco de la de forma responsable”.
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