El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó su respaldo explícito a los esfuerzos de ajuste fiscal que adelanta el Gobierno Nacional con el propósito de sanear las finanzas públicas, reducir el endeudamiento estatal, restaurar la confianza y abaratar el crédito.
De acuerdo con el gremio, corregir el desbalance fiscal es indispensable para estabilizar la formación de precios y corregir distorsiones en las decisiones de ahorro e inversión.
La urgencia radica en la trayectoria de las cuentas públicas: el presupuesto reformulado proyectaba un déficit del Gobierno Nacional Central del -9,4 % del PIB para 2027, aunque el ajuste de 2,2 puntos porcentuales propuesto por el Ministerio de Hacienda busca devolverlo al -7,2 %.
El CGN advirtió que, de no consolidarse este ajuste, la deuda neta del Estado escalaría hasta el 82 % del PIB para el año 2030, lo que presionaría las tasas de interés y encarecería la inversión productiva. La meta planteada por la organización es anclar la deuda pública en el corto plazo y reducirla a niveles inferiores al 60 % del PIB antes de finalizar el cuatrienio.
En el marco de esta disciplina fiscal, la organización empresarial enfatizó que la determinación del salario mínimo debe basarse estrictamente en factores técnicos y legales en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El CGN señaló que el ajuste salarial debe responder estrictamente a los parámetros fijados por la ley: el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía.
Si bien el gremio comparte el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el reconocimiento de la inflación, insistió en que las decisiones deben evitar desequilibrios económicos adicionales.
Al respecto, el sector empresarial advirtió sobre las graves consecuencias de aprobar incrementos excesivos que superen los criterios técnicos:
Presión en el gasto público y costos pensionales: Al ser el salario mínimo la base de la pensión mínima y de múltiples aportes parafiscales, un alza desproporcionada elevaría sustancialmente el costo pensional estatal en momentos de severa restricción presupuestal.
Impacto en tasas de interés e inflación: La indexación trasladaría el incremento a la inflación del año siguiente, obligando a mantener elevadas las tasas de interés y encareciendo el financiamiento para hogares y empresas.
Pérdida de competitividad y empleo: La cadena de efectos impactaría la tasa de cambio en un contexto donde el peso colombiano acumula una apreciación del 16,4 % (la mayor de América Latina), lo que ya restará margen de rentabilidad a los exportadores y amenaza la capacidad de sostener empleos formales.
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional, aportando insumos técnicos en las mesas de concertación laboral para garantizar la estabilidad económica del país.
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