Alias Castor, jefe de la organización criminal Los Costeños, remitió una carta al Gobierno Nacional mediante la cual propone un cese al fuego en Barranquilla y su área metropolitana, a partir del 23 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025.
El documento, revelado por Caracol Radio, detalla los objetivos y las condiciones del cese, señalando un paso concreto hacia una eventual desescalada del conflicto urbano.
Este contempla los llamados delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión, señalando en la carta que la decisión fue tomada en desarrollo de la política de “Paz Total” que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La misiva se da en un contexto de negociaciones progresivas planteadas por el Gobierno nacional y apoyadas por los gobiernos locales, con máximos cabecillas de Los Costeños y Los Pepes, liderados por alias Castor y Digno Palomino, respectivamente.
Desde comienzos de este año se han registrado avances en el proceso de negociación. En julio, el gobierno departamental confirmó la disposición de Castor y Palomino de ingresar al proceso de paz y someterse a la ley.
Fiscalía, Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia ya han venido adelantando un proceso de caracterización de estas estructuras criminales.
Esto permitirá definir una oferta institucional en educación, vivienda y empleo para sus integrantes, como parte de un potencial marco de negociación formal.
Expectativa sobre impacto que tendría
Mientras el cese ha sido planteado, desde instancias locales hay preocupación por la persistente ola de extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su área metropolitana.
El alcalde Alejandro Char denunció públicamente que la ciudadanía “está cansada de la extorsión” y pidió mayor efectividad por parte del Gobierno y la Fuerza Pública.
El presidente Petro respondió instando a una transformación del modelo urbano, orientando más recursos hacia lo social y la juventud.
Expertos dicen que, si bien no hay garantías de éxito, el cese al fuego propuesto —del 23 de agosto al 30 de septiembre de 2025— abre una ventana para evaluar avances, medir buena fe y explorar, con cautela, una posible reducción de la violencia.
El desafío ahora recae en el Gobierno Nacional, que deberá decidir si responde afirmativamente y bajo qué condiciones ejecutará este acuerdo.
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