En una fuerte reacción frente al reciente decreto del Gobierno Nacional que fija el incremento del salario mínimo para 2026 en $2 millones con auxilio de transporte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, calificó la medida como un acto de “populismo” que traerá consecuencias severas para la estabilidad macroeconómica del país.
El dirigente gremial enfatizó que la decisión, adoptada de manera unilateral por la administración de Gustavo Petro, ignora los mandatos constitucionales que exigen un diálogo social tripartito entre trabajadores, empleadores y el Gobierno.
Según Mac Master, esta exclusión de los sectores productivos genera riesgos críticos para los hogares colombianos, centrando su preocupación en dos frentes principales: el aumento desmedido de la inflación y el impacto negativo sobre el empleo.
Para la ANDI, el incremento decretado afectará directamente los precios de múltiples bienes y servicios, lo que se traducirá en una espiral inflacionaria que terminará perjudicando a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad.
Mac Master advirtió que, al no buscarse un equilibrio técnico en la Comisión de Concertación, se pone en riesgo la generación de empleo formal y la competitividad del aparato productivo nacional.
“Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad y la competitividad con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”, sentenció el presidente de la ANDI.
Un golpe a las finanzas públicas y a la institucionalidad
La preocupación de los empresarios también se extiende al ámbito fiscal. En un contexto donde el propio Gobierno ha declarado una Emergencia Económica, la ANDI recordó que estimaciones técnicas indican que cada incremento del 1% en el salario mínimo representa aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público.
Además de los costos económicos, Mac Master denunció que el Gobierno alteró de forma “inconsulta” la metodología de definición salarial al introducir el concepto de “ingreso mínimo vital” sin una discusión democrática previa. Según el líder gremial, el Ejecutivo ha actuado “totalmente de espaldas” a quienes generan empleo y cumplen las normas en el país.
Finalmente, la ANDI hizo un llamado al respeto institucional, insistiendo en que las decisiones laborales deben proteger el poder adquisitivo de las familias sin sacrificar la viabilidad de las empresas ni la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
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