Comunicado a la Opinión Pública de Torres Law Services

Tras una publicación en un medio de comunicación local, en la que se indicó que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Andje, “litigó a favor de la Gobernación del Atlántico y la libró de millonarias condenas”, porque el Consejo de Estado acogió los argumentos de la entidad y dejó sin efectos una condena contra el Atlántico por más de $73 millones, y en una decisión que le evita riesgos judiciales que podrían superar los $22 mil millones en procesos similares, el doctor Pedro Torres Olivares, en representación de Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar, expidió un comunicado en el que aclara que este proceso aún no está en firme.

EL TEXTO DEL COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA ES ES EL SIGUIENTE:

Por Pedro Torres Olivares, director jurídico de Torres Law Services y en representación del Dr. Javier Torres Velásquez y su núcleo familiar. La presente tiene como finalidad aclarar y desmentir la información falsa difundida por El Heraldo el 13 de noviembre de 2025, titulada “GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO gana proceso que le traía riesgos judiciales por más de 22 mil millones en otros 300 casos.”

Aclaración del proceso mencionado en la Publicación

El proceso mencionado en la publicación aún no está en firme. La sentencia de tutela del Consejo de Estado (Rad. 11001-03-15-000-2025-02390-01) no ha sido ejecutoriada y está sometida a solicitudes de aclaración y otras acciones de reserva jurídica. La información divulgada es incorrecta, incompleta y busca desinformar a la opinión pública con fines de protagonismo, ya que se trata de 1 solo proceso, donde en otros, el mismo Consejo de Estado nos ha dado la razón en dos secciones más, contando con el criterio a nuestro favor de la mayoría de los Consejeros de Estado.

Contexto de estos procesos, Decisiones Judiciales y Acciones

Hemos obtenido 12 sentencias en firme contra el Departamento del Atlántico en cerca de 300 procesos activos, reconociendo la responsabilidad de la Gobernación del atlántico y el daño causado a nuestra familia.  La Gobernación y la Agencia Jurídica del Estado promovieron una “tutelatón” contra decisiones de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuyos fallos de tutelas contamos con decisiones mayoritarias en el Consejo de Estado, en las Secciones Segunda (Rad. 11001-03-15-000-2025-02390-00) y Tercera (Rad. 11001-03-15-000-202404317-00), solo la Sección Quinta falló en contra con salvamento de voto del Presidente del Consejo de Estado, los cuales, dichos magistrados de la sección quinta fueron inducidos en error, y cuya sentencia de tutela carece de solidez jurídica y será objeto de distintas acciones. Contamos además con la Decisión de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura (Rad. 11001010200020150161000) que reafirmó la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y sentó precedente de la gravedad del daño ocasionado a nuestra familia, en especial en la salud del Dr. Javier Torres Velásquez.

En los próximos días se presentará una nueva Demanda por revictimización ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por la misma cuantía que manifiestan estar evitando, contra el Departamento del Atlántico y la Agencia Nacional Jurídica del Estado, por pretender revivir decisiones ya ejecutoriadas mediante mecanismos improcedentes, e inducir en error a la sección quinta del Consejo de Estado, lo que nos ha generado un nuevo daño emocional, físico y de salud a nosotros como víctimas.

Esta acción podría derivar en una nueva condena contra el Departamento del Atlántico y   la Agencia Nacional Jurídica del Estado, por usar mecanismos improcedentes, lo cual daría lugar a ACCIONES DE REPETICIÓN, tal cual, como ha ocurrido contra los funcionarios de una de las administraciones pasadas de la Gobernación del Atlántico con radicados: (08001333301320240013300-08001233300020240033100) por el daño causado al Dr. Javier Torres y su Familia.  Rechazamos la información errónea publicada por “El Heraldo”, y suministrada por la Agencia Nacional Jurídica del Estado, invitamos a estas entidades a darle aplicación a la Ley 2220 de 2022, que permite conciliar en los casos con alta probabilidad de condena, como sucede con estos procesos, en vez de recurrir a estrategias jurídicas improcedentes para obtener protagonismo institucional.