Un juez especializado en infancia y adolescencia impuso una sanción de 84 meses de reclusión —equivalentes a 7 años— al menor de edad señalado como el autor material del asesinato del ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La máxima pena contemplada en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es de 8 años.
El joven permanecerá inicialmente recluido en una zona especial dentro del Búnker de la Fiscalía, habilitada como espacio de reclusión dentro de un centro especial para menores. Además, estará bajo la tutela y acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), garantizando sus derechos como sujeto de especial protección constitucional.
Víctor Mosquera, abogado y representante civil de la familia de Uribe Turbay, expresó que esta sentencia “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. Agregó que, bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, “se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay”, aunque criticó que dicha legislación termina por incentivar la instrumentalización de menores en delitos graves sin una sanción que considere proporcional el daño generado.
Como se recordará, el atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia (Fontibón), y causó la muerte del senador y precandidato el 11 de agosto de 2025.
El menor fue capturado en flagrancia tras una breve persecución, durante la cual resultó herido por un disparo en la pierna y requirió una intervención quirúrgica urgente.
En audiencia de acusación (4 de agosto), el joven aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y por fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas. Apenas siete días después, Uribe Turbay falleció a causa de las heridas.
Pruebas clave del caso
- El arma empleada, una pistola Glock 9 mm, fue modificada para disparar en ráfaga, incrementando su letalidad.
- El CTI de la Fiscalía determinó que las vainillas recuperadas en el lugar del crimen y en la ruta de escape estaban recubiertas en latón y bronce, lo que indica una intención clara de causar daño grave.
- Mediante rastreo internacional, se estableció que el arma fue adquirida el 6 de agosto de 2020 en Arizona (Estados Unidos) y enviada al país en partes, camufladas, mediante empresas de mensajería.
El fallo, que establece 7 años de prisión, marca un precedente judicial al ser la primera condena en este caso de magnicidio. Sin embargo, genera debate sobre la eficacia y justicia del sistema penal juvenil, dado que la pena máxima aplicable —de ocho años— puede resultar insuficiente frente a la gravedad del crimen. La sanción demuestra la capacidad institucional para actuar con rapidez y firmeza, pero también evidencia las tensiones entre responsabilidad penal y protección de derechos en contextos de delitos de alto impacto.
Más historias
La región Caribe se convertirá en el polo energético de Suramérica: ISA Energía
ISA Energía consolida el 77% de la transmisión nacional tras integrar activos de Transelca
El optimismo del sector eléctrico por ambicioso plan de transmisión de energía