El exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, fue condenado en primera instancia a 9 años y 9 meses de prisión por las irregularidades detectadas en un contrato para la construcción y adecuación de varios centros de salud de la capital del Magdalena, en un fallo que marca uno de los procesos judiciales más relevantes en su trayectoria política.
La sentencia fue proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que lo declaró responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación agravado.
Se concluyó que durante la ejecución del proyecto se presentaron graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria de Santa Marta.
De acuerdo con la decisión judicial, el proceso se originó por el contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y la firma Meidredes S.A.S., cuyo objeto era intervenir los puestos de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.
La investigación estableció que, aunque se desembolsaron más de 4.408 millones de pesos, las obras ejecutadas alcanzaron un valor cercano a 1.571 millones, diferencia que sustentó la condena.
Multa superior a 4.453 millones de pesos
Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado impuso a Caicedo una multa superior a 4.453 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena. La juez también determinó que el exmandatario no reúne los requisitos para acceder a beneficios sustitutivos de la prisión.
No obstante, al tratarse de una sentencia de primera instancia, la decisión puede ser apelada ante el superior jerárquico antes de quedar en firme.
Reacciones
El fallo generó inmediatas reacciones en el ámbito político del Magdalena. Dirigentes de oposición afirmaron que la decisión judicial confirma las irregularidades denunciadas durante años en la ejecución de los proyectos de infraestructura sanitaria.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el proceso contractual vulneró los requisitos legales y ocasionó un detrimento de los recursos públicos destinados al mejoramiento de la red de salud de Santa Marta, tesis que fue acogida por el despacho judicial al emitir el fallo condenatorio.
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