La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella establece un nuevo mecanismo para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan a la justicia a cambio de beneficios penales. La norma elimina el modelo de negociación de la paz total y mantiene las órdenes de captura y extradición.
El Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, una de las principales apuestas de su política de seguridad para combatir las organizaciones criminales y facilitar su desmantelamiento mediante mecanismos de colaboración con la justicia.
La iniciativa recibió el respaldo de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes durante la noche del martes 3 de noviembre, después de extensas jornadas de discusión y a pocas horas de que venciera la vigencia de la Ley 418 de 1997, que establece el marco jurídico para las políticas de orden público en Colombia.
Uno de los aspectos determinantes de la aprobación fue que ambas corporaciones acogieron el mismo texto, lo que permitió evitar una conciliación y dejó el proyecto listo para la sanción presidencial.
En la Cámara de Representantes, la iniciativa obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado consiguió 57 votos positivos y 24 negativos.
La nueva legislación establece un mecanismo para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria, entreguen sus armas y bienes, suministren información sobre sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades a cambio de beneficios en sus condenas.
Rebajas de penas de hasta el 50%
Uno de los puntos centrales de la Ley de Sometimiento es el tratamiento penal diferenciado de acuerdo con la posición que ocupen los integrantes dentro de las estructuras criminales.
El articulado contempla reducciones de hasta el 50% de las penas para los miembros de base de estas organizaciones, mientras que para los cabecillas y responsables de funciones de mando el beneficio podrá llegar hasta el 30%. Para estos últimos se estableció una condena mínima de diez años de prisión.
Sin embargo, el acceso a estas rebajas estará condicionado al cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos la entrega de la totalidad de los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, el suministro de información sobre las estructuras criminales y sus redes económicas, y la colaboración para esclarecer delitos como desapariciones y secuestros.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió las condiciones establecidas en el proyecto y aseguró que los delincuentes no podrán conservar recursos ni propiedades como parte de los acuerdos con el Estado.
Además, la norma establece que quienes incumplan los compromisos perderán los beneficios y deberán responder ante la justicia ordinaria.
Sin suspensión de órdenes de captura ni extradiciones
Otro de los elementos que diferencia esta legislación de los mecanismos implementados durante el Gobierno anterior es que no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición para los integrantes de las organizaciones criminales que decidan someterse.
Tampoco permitirá la creación de zonas de distensión, mesas de negociación política ni la designación de gestores de paz como instrumentos para facilitar estos procesos.
De esta manera, el Gobierno de De la Espriella busca establecer un modelo en el que las organizaciones ilegales abandonen sus actividades criminales y se sometan a la justicia, sin que ello implique el reconocimiento de un estatus político.
La legislación también incorpora restricciones para impedir que los responsables de reclutar menores de edad accedan a los beneficios penales. Esta exclusión fue uno de los cambios introducidos durante el trámite en el Senado.
Asimismo, se endurecieron las condiciones para acceder al tratamiento diferenciado en delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato.
El fin de la paz total y las críticas de la oposición
La aprobación de la iniciativa representa un cambio de fondo en la política de seguridad y paz del país, al dejar atrás el modelo de paz total impulsado por el expresidente Gustavo Petro, que contemplaba acercamientos y negociaciones con diferentes organizaciones armadas ilegales.
Con la nueva legislación, el Gobierno pretende concentrar sus esfuerzos en el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales, bajo condiciones más restrictivas para quienes pretendan obtener beneficios judiciales.
La iniciativa contó con el respaldo de las bancadas del Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador, Cambio Radical, La U y Salvación Nacional, además de congresistas de otras colectividades.
Por su parte, el Pacto Histórico se opuso al proyecto e intentó frenar su aprobación mediante diferentes intervenciones y solicitudes durante los debates.
Desde la oposición también se anunciaron acciones judiciales contra la norma. El representante Gabriel Becerra cuestionó la rapidez del trámite legislativo y advirtió sobre posibles vicios de procedimiento, mientras que la congresista Mafe Carrascal expresó reparos frente a las facultades que tendría el presidente para determinar qué organizaciones pueden ser clasificadas como terroristas.
La ley tendrá una vigencia inicial de cuatro años, inferior a los diez años contemplados en la propuesta original, y establece un límite de seis años para la libertad condicional.
Con su aprobación en el Congreso, el Gobierno de Abelardo de la Espriella consigue un importante triunfo político y legislativo, al sacar adelante el instrumento jurídico con el que pretende reemplazar la política de paz total por un esquema de sometimiento condicionado a la justicia, la entrega de bienes y la desarticulación de las organizaciones criminales.
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