En una decisión de alto impacto, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto del Gobierno Nacional que fijó el aumento del salario mínimo para el año 2026.
El alto tribunal administrativo, mediante una medida cautelar, otorgó al Gobierno Nacional un plazo máximo de ocho días calendario para expedir y publicar un nuevo decreto transitorio en el que se establezca nuevamente el porcentaje de incremento y el valor total del salario.
Señaló que, mientras se resuelve de fondo el proceso sobre la legalidad del incremento, el Ejecutivo está obligado a aplicar de forma integral todos los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley.
La decisión subraya que el ajuste no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos y en un proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado.
Para la nueva cifra, el Gobierno deberá tener en cuenta factores técnicos fundamentales como la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad certificada por el DANE, inflación real del año anterior y el crecimiento del PIB. Igualmente, lo relacionado con la contribución de los salarios al ingreso nacional y la protección especial del trabajo.
Además, el nuevo decreto transitorio deberá incorporar una justificación económica detallada. Esta debe explicar con claridad cómo se ponderó cada criterio, si la valoración fue cuantitativa o cualitativa, y detallar la operación aritmética que conduce a la cifra final, siempre sustentada en datos oficiales.
Contexto del aumento suspendido
El decreto suspendido, anunciado el 29 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro, establecía un aumento sin precedentes del 23,7% del denominado “salario mínimo vital”.
Bajo esa norma, el salario mínimo quedaba en 1.746.882 pesos, que sumados a los cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, totalizaban los dos millones de pesos para el año 2026.
La medida cautelar dictada por el magistrado ponente implica que los efectos jurídicos de este incremento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita el nuevo acto administrativo ajustado a los parámetros legales exigidos.
Esta suspensión se mantendrá vigente mientras avanza el proceso judicial en el que el Consejo de Estado decidirá finalmente sobre la legalidad del decreto original.
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