Las deudas de la empresa de energía Air-e con las generadoras térmicas en Colombia han alcanzado los 900.000 millones de pesos, encendiendo las alarmas sobre una posible crisis sistémica que podría empeorar la crítica situación financiera de Air-e, quebrar también a las empresas generadoras y, en última instancia, a afectar a toda la cadena energética del Caribe colombiano y el país.
Así lo ha advertido hoy 5 de julio Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (ANDEG), durante un conversatorio virtual y presencial con periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales y regionales.
Según Castañeda, la deuda total de Air-e, intervenida por el gobierno desde septiembre pasado, ha experimentado un crecimiento exponencial. La deuda “post-toma”, acumulada entre noviembre y mayo, asciende a 1.5 billones de pesos.
A corte de junio, esta cifra se situó en 1.3 billones de pesos, tras un reciente pago de 200.000 millones que redujo ligeramente el monto. Esto significa que durante la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que intervino a la mencionada compañía distribuidora y comercializadora de energía en septiembre de 2024, se ha triplicado el problema financiero de la empresa.
“Este es un problema que se puede llevar al sector, porque esa es una empresa que tiene casi el 13 por ciento del total del mercado nacional. Una compañía de este tamaño, con una Afinia al lado que también tiene unos problemas muy complejos, puede golpear al sistema de una forma muy grande…”, expresó
Decisiones Erradas y el Efecto “Bola de Nieve”
La intervención gubernamental ha sido criticada por lo que se describen como “malas decisiones”. Tras la cancelación de contratos debido a la falta de pago de los dueños anteriores, Air-e se vio obligada a comprar energía en la bolsa, donde los precios son significativamente más altos (entre 800 y 900 pesos), lo que disparó rápidamente la deuda.
Una de las decisiones más polémicas, según Castañeda, fue la circular emitida por la Superintendencia en diciembre, que obliga a las empresas generadoras a vender energía a Air-e incluso sin recibir pagos, y les impide cortar el servicio. Esta medida, que elimina un “cortafuego” esencial en el sistema eléctrico conocido como “limitación de suministro”, ha permitido que la “bola de nieve” de la deuda siga creciendo sin control.
La regulación estándar establece que si un distribuidor no paga, se le advierte y se le limita progresivamente el suministro de energía hasta que se ponga al día. Sin embargo, en el caso de Air-e, el gobierno no ha pagado a nadie y ha impedido los cortes, exacerbando la situación.
Generadoras térmicas al límite
Las generadoras térmicas, que tienen un alto costo operativo al tener que pagar el gas “al día siguiente” o incluso prepagarlo, se encuentran en una situación insostenible. No pueden darse el lujo de seguir entregando energía sin que les paguen, cuando tienen gastos constantes en gas y carbón para operar.
Air-e intentó negociar con los generadores un pago del 12% del capital adeudado, sin intereses, y un diferimiento del resto de la deuda a 10 años con un año de gracia. Sin embargo, los generadores rechazaron esta propuesta, aceptando únicamente el pago inicial del 12% con la condición de que Air-e pague el resto a medida que obtenga nuevos recursos.
Inacción de la Superintendencia y el riesgo sistémico
El gremio de generadores critica la inacción de la Superintendencia, que, tras diez meses de intervención, “nadie sabe qué está haciendo”. Castañeda afirma que “no hay información contable ni estados financieros públicos, lo que impide conocer el estado real de la empresa”.
Esto ha llevado a que algunas compañías se nieguen a seguir vendiendo energía mediante contratos a largo plazo. Además, persiste el hecho que la Superintendencia no ha gestionado la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para nutrir el Fondo Empresarial que le permita a la empresa intervenida pagar sus deudas.
Esta falta de acción, según expertos como el exministro Amylkar Acosta, sugiere una “quiebra inducida” de Air-e por parte del gobierno, situación que deteriorará por completo el sistema, incluyendo a las termoeléctricas.
Castañeda enfatiza que el riesgo sistémico radica en la posibilidad de que empresa generadoras se declaren en quiebra. Si esto ocurre, no podrá producir energía, desencadenando una cascada de impagos y falta de capacidad para mantener la operación, la producción y la transmisión de energía, lo que llevaría a una degradación generalizada del sistema.
Lecciones no aprendidas del pasado
La situación actual contrasta drásticamente con la intervención de Electricaribe (antecesora de Air-e) en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En aquella ocasión, se inyectaron 2 billones de pesos para saldar las deudas, a través de cuatro documentos CONPES que otorgaron garantías de la nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia.
Esto permitió al Fondo obtener recursos de la banca comercial, saneando la empresa y poniéndola al día con el mercado. Sin embargo, el gobierno actual ha tardado un año en considerar medidas similares y no ha hecho nada, a tal punto que el Ministerio de Hacienda no ha recibido ninguna solicitud de gestión de recursos por parte de la Superintendencia.
Perspectivas preocupantes
El principal temor de ANDEG es que el regreso de la temporada de verano, provoque un nuevo aumento en los precios de bolsa y un crecimiento descontrolado de la deuda, que podría ascender a 2 billones o incluso 3 billones de pesos en solo dos meses, con incrementos mensuales de 200.000 a 300.000 millones.
El agujero mensual de gestión propia de Air-e ya es de aproximadamente 150.000 millones de pesos. Los subsidios entregados a Air-e (200.000 millones) solo cubren hasta finales de 2024, y los nuevos desembolsos de subsidios apenas representarán una fracción de la deuda total.
Ante este panorama, el gremio energético insiste al gobierno en la necesidad de solucionar la situación de Air-e lo antes posible, para evitar un colapso que pondría en jaque la estabilidad del sector energético nacional.
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