La crisis política e institucional generada por el fallido trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 dejó sus primeras consecuencias en la cartera económica.
Un total de seis asesores del equipo de enlace legislativo del Ministerio de Hacienda salieron de la entidad, tras los señalamientos por el error de procedimiento que obligó al presidente Abelardo de la Espriella a promulgar las cuentas del Estado para el próximo año mediante un decreto presidencial.
Del grupo de funcionarios afectados, una persona que formaba parte de la planta presentó su renuncia, mientras que a los otros cinco contratistas se les notificó la terminación de sus contratos de prestación de servicios.
La desvinculación de los asesores se dio por decisión del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien citó a una reunión para establecer las responsabilidades de la oficina encargada de las relaciones con el Congreso.
El desencadenante de la crisis ocurrió durante la madrugada del martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se encontraban presentes cuatro de los asesores de la cartera económica. En esa sesión, la Cámara aprobó el artículo 65 del proyecto de ley con un parágrafo que no había sido avalado previamente por el Senado.
Debido a que el plazo legal para la aprobación del presupuesto vencía ese mismo martes 20 de octubre, la existencia de textos distintos en ambas cámaras exigía convocar a una comisión de conciliación. Sin embargo, el Senado había culminado sus sesiones horas antes y no citó a plenaria el martes para realizar la conciliación.
Al no subsanarse las diferencias antes del límite legal, el trámite legislativo quedó completamente viciado.
Efectos en el presupuesto y remezón en el gabinete
Ante la imposibilidad de completar la vía ordinaria en el Congreso, el Gobierno Nacional tuvo que recurrir a la expedición del Presupuesto de 2027 mediante decreto presidencial, tomando como base únicamente el texto aprobado en primer debate por las comisiones terceras conjuntas.
Como consecuencia, lo negociado en los debates finales de las plenarias quedó descartado. El presupuesto decretado cuenta con $11,6 billones menos para inversión y funcionamiento, asignando en cambio un monto de $155 billones para el pago del servicio de la deuda, situación que ha provocado la preocupación de diversos congresistas por el recorte en las partidas de sus regiones.
La controversia también provocó bajas al más alto nivel del gabinete. El presidente Abelardo de la Espriella le solicitó la renuncia al ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se retiró del cargo tras la contingencia. En su carta de renuncia, Lara dejó constancia de que la revisión de los textos presupuestales no era responsabilidad del Ministerio del Interior, sino una labor que correspondía exclusivamente a Hacienda.
Más historias
Protestas masivas en Francia: Enfrentamientos, despliegue de miles de agentes y más de 1.000 arrestos
Avanza la transformación del Cortissoz: De La Espriella inspeccionó obras del lado tierra
El 75 % de usuarios de Air-e ahorró energía o mantuvo su promedio