El Gobierno Nacional reaccionó a la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá que ordenó el embargo de las cuentas bancarias y otros productos financieros del Gobierno Nacional por la deuda pendiente con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El presidente Gustavo Petro rechaza este fallo que será impugnado con el argumento que las cuentas de la Nación son inembargables.
El jefe de Estado aseguró que las empresas servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público. “Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser”, afirmó el mandatario.
Petro considera esta una acción política que va contra los intereses de la Nación. “EPM, que es una empresa pública, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir, el Presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia, no se pasa por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente”, afirmó.
En ese sentido, pidió a la Directora del Dapre y al Ministro de Minas y Energía “tomar las medidas que haya que tomar y deben de actuar de inmediato”.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, al reiterar que las cuentas de la nación son inembargables, dijo que el Ministerio no había recibido la sentencia oficial, por lo que no profundizó en los alcances de la decisión hasta no contar con más detalles del fallo.
A su turno, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, coincidió con el presidente Petro en que se trata de “una maniobra política y electoral si se quiere decir”.
“El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de la nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, anotó el ministro Palma.
“Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos”, explicó.
Palma afirmó que estos pagos no se han traducido en buen servicio. “Por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía”, manifestó.
“Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”, puntualizó el ministro Palma Egea.

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