De la Espriella anuncia que entrará a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos

*El presidente aseguró que la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera para la actuación de las autoridades frente al vandalismo, el terrorismo o ataques contra la Fuerza Pública.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció un nuevo protocolo nacional para enfrentar los hechos de violencia que puedan presentarse en las universidades públicas del país y advirtió que la Fuerza Pública podrá ingresar a los campus cuando se registren conductas que alteren gravemente el orden público.

Durante una alocución presidencial, el mandatario aseguró que su Gobierno establecerá una diferenciación entre quienes participan en protestas pacíficas y quienes utilizan las manifestaciones para cometer actos violentos, destruir infraestructura o atacar a integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”, señaló De la Espriella.

Según el jefe de Estado, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender este tipo de situaciones y podrá intervenir cuando desde los campus universitarios se estén preparando actos que puedan constituir hechos vandálicos o terroristas.

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad”

Uno de los principales mensajes del presidente estuvo dirigido a la autonomía universitaria. De la Espriella sostuvo que esta garantía constitucional no puede interpretarse como una excepción frente a las normas de orden público.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, manifestó, al tiempo que aseguró que los campus no pueden convertirse en espacios ajenos a la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado.

El mandatario afirmó que la protesta pacífica será respetada y garantizada por su Gobierno, pero estableció una clara diferencia frente a conductas como el vandalismo, el denominado terrorismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la Fuerza Pública o civiles.

“El terrorismo, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, afirmó.

El protocolo anunciado buscaría establecer bajo qué circunstancias las autoridades podrán intervenir dentro de las universidades, particularmente cuando existan hechos de violencia, situaciones de flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

Advertencia a quienes utilicen los campus para actos violentos

De la Espriella también lanzó una advertencia directa a quienes, según el Gobierno, utilicen las universidades para preparar ataques o almacenar elementos destinados a cometer acciones violentas.

El presidente aseguró que su administración actuará contra quienes conviertan los campus en escenarios para la violencia y sostuvo que la medida pretende proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y ejercer pacíficamente su derecho a la protesta.

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, afirmó el mandatario.

La advertencia más contundente llegó al cierre de su intervención, cuando De la Espriella aseguró que incluso ingresará a las universidades para retirar a quienes incurran en este tipo de conductas.

“Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”, manifestó.

El jefe de Estado insistió en que las universidades deben ser espacios destinados al conocimiento, las ideas y el debate, y no refugios para actos violentos o terroristas.

Con este anuncio, el Gobierno plantea un nuevo esquema de actuación frente a las protestas en instituciones de educación superior, basado en distinguir entre el ejercicio legítimo de la manifestación y las conductas que puedan constituir delitos o generar graves alteraciones del orden público.