En un operativo que se extendió por casi ocho horas en el exclusivo sector de Bocagrande, la Comisaría de Familia Permanente de Cartagena hizo efectiva una medida de desalojo contra el candidato presidencial Santiago Botero.
La acción legal se derivó de una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa, Manuela Echeverri, luego de que el político prohibiera el ingreso de ella y de su hijo de tan solo 10 meses al hogar familiar.
Desde la madrugada de este sábado, las autoridades se presentaron en el edificio residencial donde se encontraba atrincherado el candidato.
El comisario de familia, Amín Sanabria, informó que Botero se negó inicialmente a colaborar, llegando incluso a proferir graves amenazas. Según el funcionario, el candidato advirtió que “iba a dar balín a los abogados” que acompañaban la diligencia.
Ante la negativa de abrir la puerta, el comisario Sanabria autorizó el ingreso mediante el uso de un cerrajero. Sin embargo, al lograr el acceso al apartamento, se descubrió que Botero ya no se encontraba en el lugar, habiendo abandonado presuntamente el edificio a través del área del parqueadero.
Violencia psicológica y económica
La medida de protección, con fecha del 29 de mayo, se fundamenta en hechos de violencia ocurridos recientemente, siendo el último reporte del 28 de mayo de 2026.
Según Alberto Boek, abogado de la víctima, la denuncia formal por violencia intrafamiliar se presentó hace un mes, pero la situación escaló drásticamente esta semana.
Boek denunció que Echeverri ha sido víctima de violencia psicológica y económica. “El jueves le escribió un mensaje en el que dijo que a partir de ese momento tenía prohibido el ingreso a la casa… y que quedaban en la calle, sin un peso”, afirmó el jurista.
Debido a esta situación, el bebé de 10 meses tuvo que ser trasladado temporalmente a un hogar de paso mientras se garantizaba el acceso de la madre a la vivienda para recuperar sus pertenencias.
Medidas cautelares
El auto judicial prohíbe terminantemente a Santiago Botero acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima para evitar que “perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores”. Asimismo, se le ha prohibido esconder o trasladar a su hijo de la residencia.
Actualmente, Manuela Echeverri se encuentra bajo tratamiento psicológico y acompañada por un equipo interdisciplinario de trabajadora social y psicólogo para afrontar las secuelas de la crisis vivida.
Este caso pone nuevamente de manifiesto que la violencia intrafamiliar no distingue esferas públicas ni rangos políticos, exigiendo una respuesta contundente de las instituciones de protección familiar.
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