La estabilidad energética de la región Caribe pende de un hilo. La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia fiscal preventiva ante la Superintendencia de Servicios Públicos debido al deterioro extremo de las condiciones económicas de la empresa Air-e, la cual, a pesar de estar intervenida por el Gobierno Nacional, se encuentra en un riesgo inminente de cese de operaciones.
El dato más alarmante revelado por el ente de control es la “descapitalización progresiva” de la compañía. En un periodo de menos de dos años (entre diciembre de 2023 y agosto de 2025), el patrimonio de Air-e se desplomó de $2,2 billones a tan solo $131.500 millones.
Esta caída del 80% refleja una pérdida masiva de valor que compromete seriamente su solvencia y cualquier capacidad de inversión futura.
La situación de liquidez es igualmente crítica. La cartera de la empresa supera ya los $6 billones de pesos, de los cuales el 73% corresponde a deudas de estratos 1, 2 y zonas subnormales con más de un año de antigüedad.
Este estancamiento de los flujos de efectivo ha disparado los pasivos totales en un 53,6%, generando un peligro latente de incumplimiento con los proveedores y agentes del mercado mayorista de energía.
Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, de no revertirse esta tendencia, la empresa enfrentará una inviabilidad económica total, lo que pondría en riesgo la calidad y continuidad del servicio público esencial en los departamentos donde opera.
Dependencia del Estado y falta de inversión
El informe de la Contraloría subraya que Air-e sobrevive hoy gracias a un “apalancamiento recurrente” del Fondo Empresarial de la Superservicios, que ha inyectado $147.885 millones mediante contratos de mutuo.
Sin embargo, no existe un plan claro para recuperar estos dineros públicos, y el incumplimiento del plan de inversiones ya se traduce en cortes programados y fallas técnicas en municipios como Galapa, donde la infraestructura no soporta la demanda actual.
La crisis de Air-e no es solo un problema regional. La Contraloría advierte que representa un riesgo sistémico para todo el sector eléctrico nacional.
La falta de pago a las generadoras podría generar presiones para trasladar sobrecostos a las tarifas de todos los usuarios finales o incluso imponer cargas fiscales adicionales sobre las utilidades de las empresas del sector para cubrir el hueco financiero.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha intentado matizar la gravedad señalando que “no son tantas las deudas” y que la empresa ya estaba quebrada antes de la intervención.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/air-e-esta-quebrada-la-saqueo-la-familia-rios-velilla-presidente-petro/
Más historias
Asesinan a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta
Wade Davis, Jaime Pumarejo y Grupo Argos analizaron la importancia del río Magdalena en el desarrollo de Barranquilla
Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026 y se consagra como el mejor futbolista del mundo