- Por SANTOS SUÁREZ BADILLO, Director de El Norte
Cuando el 12 de septiembre de 2024 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó en posesión a la empresa Air-e, lo hizo con el argumento que esa distribuidora y comercializadora de energía se encontraba en graves problemas financieros que ponían en riesgo la continuidad del servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena. Ocho meses después, la crisis no solo continúa, sino que se ha acentuado.
La intervención apunta a mejorar las condiciones de la compañía, hacerla viable y garantizar que la luz le llegue permanentemente a más de 1.2 millones de usuarios, unos 5 millones de personas que hacen parte del mercado de los tres departamentos del Caribe señalados.
Si bien el servicio se ha estabilizado, los números no son nada alentadores, a tal punto que, si antes de la intervención la compañía estaba a punto de quebrar, hoy todo indica que está completamente quebrada y funciona de milagro.
Las cifras son realmente contundentes y demuestran que el camino recorrido hasta el momento por Air-e en poder del Gobierno Nacional a través de la Superservicios, ha sido muy tortuoso, y lo que es peor, nada indica que no deje de serlo y, por el contrario, se vislumbra un camino cada vez más empinado e intransitable.
El solo hecho de haber crecido sus deudas con las generadoras, de $500 mil millones antes de la intervención, a $2 billones en los 8 meses que lleva de intervenida, es decir, $1.5 billones más tal como lo precisó ANDEG, indica por un lado que la empresa no tiene caja para pagar a sus proveedores principales, y por el otro, una gestión financiera deficiente.
$200 mil millones mensuales
Lo anterior quiere decir que en promedio Air-e intervenida deja de pagarle a las empresas generadoras cerca de 200 mil millones de pesos cada mes, una cifra astronómica que no se detiene, poniendo en riesgo a todo el sector eléctrico colombiano.
En su mayoría se trata de la energía que compra Air-e en la Bolsa. Allí la negocia, la recibe, se la distribuye a sus usuarios, pero no la está pagando; es decir, en la práctica se la fían, pero no se la paga a los generadores que son quienes la proveen.
En términos muy coloquiales, la empresa Air-e en manos del Gobierno a través de la Superservicios, está actuando como cualquier cliente “mala paga”. Y esta actitud también está respaldada por una controvertida circular de la Superintendencia de Servicios Públicos que prohíbe la limitación de suministro a una compañía que esté intervenida.
Sin esa circular, muy seguramente ya los generadores le hubiesen suspendido la entrega de energía para presionar el pago, y por ende Air-e no tendría con qué suministrar el servicio a La Guajira, Atlántico y Magdalena.
Ahora bien, ¿Qué factores inciden para que este taxímetro no se detenga y siga marcando en detrimento de las generadoras y todo el sector? La respuesta apunta a varias razones: Por un lado, el robo y el no pago de energía siguen disparados, conllevando a unas pérdidas de escándalo; el Gobierno Nacional no inyecta al Fondo Empresarial de la Superintendencia para que pague los compromisos de la compañía; y como ya señalamos, una deficiente gestión que ni siquiera hace esfuerzos por buscar financiación a través del crédito.
Pérdidas por robo de energía
Promover acciones focalizadas en sólo un sector de los usuarios (estratos altos, comercio e industria) para contrarrestar las escandalosas cifras de robo de energía, y no abarcar con suficiencia los estratos 1,2 y 3, que constituyen la inmensa mayoría de sus clientes, es un error de la empresa.
Se trata de una señal equivocada por parte de la empresa Air-e intervenida decir que van con toda contra el hurto de la energía en los estratos 4, 5 y 6 (lo cual está bien), pero no anunciar lo mismo para los estratos bajos. Eso es incentivar en estos últimos, el que sigan o incrementen esa práctica ilegal.
Hoy están duplicadas las pérdidas técnicas y negras de la compañía distribuidora y comercializadora de energía. Pasaron de 50 mil millones a cerca de 100 mil millones de pesos mensuales. Diariamente pierde $3.143 millones y cerca de $1.2 billones al año. La cantidad de energía que le roban se resume en los siguientes datos: 4.95 GWh (Gigavatios) al día, 151.4 GWh al mes y 1.814 GWh anuales.
Y tal como lo planteó el experto en temas eléctricos, Amilkar Acosta Medina, en la tarea de reducirlas, tampoco ayuda mucho el mensaje del gobierno en el sentido que las tarifas que se cobran actualmente son ilegales. Eso al final lo que incentiva es que los usuarios no paguen.
A lo anterior se le suma que el gobierno tampoco está girando los recursos por concepto de subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3, problema que afecta a todas las comercializadoras, que tienen que subsidiar con sus recursos, a la espera que se los repongan, lo cual no está sucediendo.
Peligroso círculo vicioso
En síntesis, se viene dando un círculo vicioso muy peligroso: La empresa Air-e está quebrada, el gobierno no la ayuda con plata para operar, Air-e compra energía y no la paga, las generadoras se afectan financieramente; Air-e sigue quebrada, el gobierno no la ayuda con plata para operar, Aire compra energía y no la paga, las generadoras se afectan financieramente…
Y al final, este Vía Crucis por el que atraviesa la empresa, se está extendiendo a todo el sector eléctrico del país, amenazando la estabilidad del sistema y poniendo en grave riesgo la continuidad del servicio de energía, no solamente en la Costa Caribe sino en toda Colombia, porque una cadena energética quebrada necesariamente lo que trae consigo es un apagón, es decir, un desastre económico y social.
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