La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la organización criminal Los Costeños, ya se encuentra sometido a la justicia ordinaria, por lo que su situación jurídica no hace parte de un nuevo proceso de sometimiento en el marco de la política de Paz Total.
La precisión fue hecha luego de conocerse la carta enviada por el jefe criminal al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, en la que propone instalar una mesa de diálogo para facilitar el sometimiento colectivo de cerca de 2.000 integrantes de esa estructura delincuencial.
Durante un pronunciamiento ante los medios, Camargo enfatizó que el caso de alias ‘Castor’ ya fue tramitado por la vía de la justicia ordinaria y no bajo los mecanismos contemplados en la Ley 2272 de 2022, que dio sustento a la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Nosotros en este momento lo que tenemos es el sometimiento de alias ‘Castor’, pero no tenemos sometidas personas de bandas criminales. El tema con alias ‘Castor’ se ha desarrollado en el marco de un proceso de justicia ordinaria, no en el marco de un proceso de paz total ni transicional. Quiero que eso quede bien claro”, afirmó la fiscal.
La jefe del ente acusador recordó que alias ‘Castor’ permanece privado de la libertad y que alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptó su responsabilidad por al menos 95 homicidios y otros delitos cometidos entre 2014 y 2024 en Barranquilla y su área metropolitana. Como resultado de ese acuerdo fue condenado a más de 26 años de prisión.
Un eventual sometimiento colectivo
Camargo explicó además que no ha revisado en detalle el contenido de la comunicación enviada por el cabecilla de Los Costeños, aunque consideró que esta podría corresponder a una propuesta para un eventual sometimiento colectivo de la organización y no a una modificación de su situación jurídica personal.
En la carta, alias ‘Castor’ sostiene que unos 2.000 integrantes de Los Costeños estarían dispuestos a acogerse a la justicia y solicita que el nuevo Gobierno evalúe los avances logrados durante los acercamientos con la administración Petro.
Entre tales avances menciona supuestas reducciones en extorsiones, homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública, además de estudiar beneficios similares a los contemplados en la Ley de Justicia y Paz.
La fiscal general también recordó que la Ley 2272 continuará vigente hasta noviembre de este año, pero advirtió que corresponderá al gobierno del presidente electo definir si mantiene o no los mecanismos de diálogo con organizaciones criminales impulsados durante la administración saliente.
En ese sentido, precisó que la Fiscalía no determina la política de paz del Estado y reiteró que, durante la vigencia de la Paz Total, el ente investigador nunca suspendió las investigaciones ni la judicialización de las estructuras criminales, por lo que la persecución penal contra estos grupos ha continuado de manera permanente.
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