La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a dos hombres identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables del atentado en Cali con artefactos explosivos que causaron una tragedia frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de esta ciudad.
La explosión dejó un saldo preliminar de siete víctimas fatales y decenas de heridos, en su mayoría civiles.
El jueves 21 de agosto, un vehículo tipo camión, cargado de “tatucos” (artefactos explosivos improvisados), detonó en una zona concurrida en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La fuerte explosión destruyó vehículos, edificaciones y causó víctimas civiles.
La comunidad reaccionó con rapidez y logró retener a uno de los presuntos responsables, inicialmente identificado como alias Walter, oriundo de Corinto (Cauca).
Posteriormente, el presidente Gustavo Petro precisó en su cuenta en X que se trata de alias “Sebastián”, integrante de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Marlon y vinculado a la llamada “Junta del Narcotráfico”.
Finalmente, las fuerzas del orden capturaron a ambos sospechosos en situación de flagrancia, tras ubicarlos cerca del lugar de los hechos y tras intento de escape. La detención fue avalada por un juez de control de garantías.
Cargos presentados y proceso judicial
A los detenidos se les atribuyen delitos como terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales y ataque a instalación militar. Estas imputaciones se fundamentan en pruebas audiovisuales, testimonios y análisis de explosivos.
Las investigaciones preliminares apuntan a la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, como responsable del atentado. En paralelo, el frente 36 del Estado Mayor Central ha sido señalado por el ataque simultáneo contra un helicóptero de la Policía en Antioquia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que entre las víctimas se encuentra una mujer embarazada y un taxista, y señaló a la estructura narcocriminal Jaime Martínez como autora del crimen.
Tras el ataque, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la militarización de la ciudad, aumento de presencia policial en accesos y salidas, restricción de vehículos de carga pesada y reforzamiento del Puesto de Mando Unificado (PMU). Además, se ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información útil.
El presidente Gustavo Petro calificó el atentado en Cali como una “reacción terrorista” atribuible al narcoterrorismo y solicitó que la “Junta del Narcotráfico” sea declarada como organización terrorista, junto con otros grupos violentos como la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.
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