La investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, Bogotá, ha tomado un giro relevante tras confirmarse que el celular vinculado al menor de 14 años que realizó el ataque contenía imágenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante uno de los allanamientos en los que se rastreó el dispositivo móvil asociado al joven sicario, se hallaron fotografías descargadas de internet que retratan al alcalde Galán y a la máxima representante del ente acusador, Luz Adriana Camargo.
Este hallazgo incrementa la complejidad de la investigación, al sugerir posibles vínculos o intereses más allá del entorno inmediato del atacante, aunque las autoridades no han definido aún si las imágenes tenían algún fin concreto o si responden a una mera descarga indiscriminada de contenidos públicos.
La fiscal Camargo había señalado previamente que el celular no fue incautado directamente al menor al momento de su aprehensión; sin embargo, aparece en cámaras de seguridad usándolo minutos antes del atentado. La fiscal ratificó que continúa la búsqueda para determinar “en poder de quién quedó ese dispositivo”, esencial para esclarecer su procedencia y uso.
Relevancia para la investigación
La presencia de rostros de alta exposición política en el celular plantea interrogantes importantes:
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¿Por qué un menor involucrado en el asesinato bajaría precisamente imágenes del alcalde y de la fiscal?
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¿Podrían haber estado relacionados con su red de contacto o factores motivacionales no reconocidos hasta ahora?
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¿Se trató de simples capturas al azar o tuvieron algún fin específico?
Por ahora, ninguna autoridad ha vinculado directamente estas imágenes con la planificación o justificación del ataque. La fiscal Camargo ha preferido mantener reserva sobre si estas fotos influirían en la imputación de cargos o en el perfil delictivo del responsable .
Avances procesales y judiciales
El menor, quien permanece en espacio protegido del ICBF bajo medida de internación preventiva, no aceptó los cargos imputados por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Permanece en custodia judicial dentro del Búnker de la Fiscalía, con un esquema que garantiza su asistencia legal y protección
La Fiscalía mantiene la hipótesis de que el adolescente fue contactado por una red de sicariato, basada en el análisis de sus redes sociales, testimonio de su entorno familiar y el trabajo balístico realizado
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